El expresident se expone a ser detenido e incluso entrar en prisión después de que el Tribunal Supremo rechazara contra el criterio de la Fiscalía aplicarle la amnistía y mantuviera la orden de arresto contra él
PSC, ERC y Comuns asumen suspender la investidura de Illa si Puigdemont es detenido y buscan fecha para reactivarla
Casi siete años después de marcharse a Bélgica en 2017 para no ser juzgado por los hechos del procés, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont regresa este jueves a Catalunya. Su más que previsible detención abre un incierto escenario político que implicará posiblemente la suspensión del pleno de investidura del socialista Salvador Illa; pero tendrá también importantes consecuencias en el plano judicial.
El pasado 1 de julio, el juez que instruyó la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, declaró que el delito de malversación que se atribuye a los líderes independentistas —Puigdemont entre ellos— no es amnistiable. En consecuencia, mantuvo vigente la orden nacional de detención por ese delito que pesa sobre él desde 2023.
Eso significa que el político catalán seguía en búsqueda y captura y, por tanto, se arriesgaba a ser detenido por orden del Alto Tribunal en caso de regresar a España. La existencia de esa resolución ordena a las fuerzas de seguridad su arresto para asegurar que responda ante la Justicia tras años esquivando a los tribunales.
Es lo que, previsiblemente, ocurrirá este jueves, cuando Junts ha convocado un recibimiento a Puigdemont en Barcelona, una hora antes del pleno y a las puertas del Parlament. Tras la probable detención, el dirigente pasaría a disposición del juez de instrucción del lugar en que se encuentre, previsiblemente el de guardia de Barcelona, a pocos metros del Parlament. Se espera que, en ese supuesto, el titular de ese juzgado se ponga en contacto con el Tribunal Supremo, que es el órgano que le investiga desde 2019.
Agosto es un mes de poca actividad en los juzgados, con la mayor parte de plazos suspendidos, y en muchos tribunales se mantiene un retén de magistrados conocidos como “sala de vacaciones”. En el caso de la Sala de lo Penal del Supremo, no está previsto que el juez Pablo Llarena, instructor del procés, trabaje en agosto y el juez de guardia para la primera quincena es Javier Hernández, una de las últimas incorporaciones al departamento en 2020 procedente del Tribunal Superior de Catalunya.
Está por ver, por tanto, si Llarena intervendrá o si dejará que sea Hernández el que resuelva la situación procesal de Puigdemont. Sea quien sea, tendrá que decidir si se le traslada a Madrid para tomarle declaración en el Supremo, si acuerda que ese trámite lo lleve a cabo el juzgado de Barcelona o si resuelve dejarle en libertad y citarle para más adelante.
Respecto a lo que pueda ocurrir con el expresident, existe el precedente de la exconsellera Clara Ponsatí, que regresó voluntariamente a España en 2023 después de cinco años en el extranjero esquivando a la Justicia. En el caso de Ponsatí, que entonces era eurodiputada, Llarena acordó ponerla en libertad y citarla casi un mes después en Madrid. No obstante, en su caso estaba únicamente investigada por un delito de desobediencia, que no implica pena de cárcel.
Cuando llegó la fecha de ir al Supremo, la dirigente dio plantón a Llarena alegando que se encontraba en Bélgica por trabajo y el juez dictó una nueva orden nacional de detención. Entonces, fue arrestada por los Mossos d’Esquadra en una visita a Barcelona y trasladada a la Ciutat de la Justicia. Allí le tomó declaración el juez de Barcelona, a quien Llarena envió las preguntas que debía formularle. Después, decretó su puesta en libertad a la espera de juicio y quedó sin efecto la orden de detención acordada en su día.
Ponsatí estuvo detenida casi cinco horas y presentó un ‘habeas corpus’ al considerar que había sido arrestada de forma ilegal. Esa figura legal permite a un detenido ser puesto de forma inmediata a disposición judicial para que escuche sus alegaciones y decida si la detención es legal o ilegal.
Su abogado es el mismo que representa a Puigdemont, el penalista Gonzalo Boye. En el caso de que acordara seguir esa misma estrategia para el caso del expresident, implicaría involucrar al Constitucional para que este proceso penal quede en suspenso hasta que el tribunal de garantías decida sobre si su caso es o no amnistiable. Los magistrados, también con una Sala de Vacaciones para el mes de agosto, tendrían que decidir si las alegaciones de Puigdemont se pueden resolver por la vía cautelarísima antes incluso de que les llegue, como tal, un recurso.
Las fuentes jurídicas consultadas recuerdan que el caso no es totalmente homologable. Puigdemont sigue procesado por un delito de malversación, que podría traducirse en hasta 12 años de cárcel. La aplicación de la amnistía a este tipo penal ha emergido como el gran obstáculo que ha afrontado la ley para surtir efecto. Se trata de un delito relevante en la causa del procés porque es el único que, derogada ya la sedición, lleva aparejada una pena de prisión.
La tesis de Llarena —y de la Sala de lo Penal del Supremo— es que el desvío de fondos para la realización del referéndum del 1-O no entra en las exclusiones previstas en la ley, que contempla que quedarán amnistiados los delitos de malversación “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”. Así, el juez defiende que para que exista un beneficio personal no es necesario que se produzca un aumento del patrimonio, sino que basta un “ahorro económico”. En este caso, sostiene que los dirigentes independentistas eludieron “sufragar sus deseos o afanes con detrimento de su fortuna personal” y que lo hicieron “con cargo a todos los contribuyentes de Cataluña”.
En todo caso, la decisión de no aplicar la amnistía no es firme. Fue recurrida por la Fiscalía, que considera que “no es ajustada a Derecho” y va contra la “voluntad del legislador”. Y también por el propio Puigdemont. Todo apunta que acabe ante el Tribunal Constitucional.
Otro de los interrogantes que se abren es la posible entrada en la cárcel del dirigente independentista. Para decretar la prisión provisional, alguna de las partes personadas en el procedimiento debe pedírselo al juez, algo que se da por hecho al ser Vox acusación popular. No se espera que lo hagan ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, que el pasado junio pidieron que se aplicara la amnistía a todas las conductas vinculadas con el referéndum independentista del 1-O y se levantara la orden de detención contra él.
Para tomar una posible decisión sobre la entrada en prisión, el Supremo tiene que tener en cuenta tres elementos: el riesgo de fuga, que puede resultar evidente dado que ha estado casi siete años fuera de España; de que pueda seguir delinquiendo o destruir pruebas. Ante ese hipotético escenario, Puigdemont podría alegar que la decisión de Llarena de aplicar la amnistía no es firme —está recurrida ante él mismo y lo previsible es que acabe llegando al Tribunal Constitucional—. Y que, en consecuencia, su derecho a la libertad se vería vulnerado si entra en prisión y después una instancia superior acaba dándole la razón y aplicando la amnistía.
