La Corte IDH respondió a la carta que Dina Boluarte y el Congreso en conjunto enviaron a inicio de julio. El organismo internacional exigió que se garantice la justicia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta en relación con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, aprobada por la Comisión Permanente el pasado 4 de julio.
El organismo judicial inicia poniendo en contexto que esta respuesta nace a partir del mensaje enviado por ella y el cogobierno, el pasado 5 de julio, donde rechazaban la supuesta intromisión de la Corte IDH, que concedió las medidas provisionales a las víctimas de los asesinatos cometidos durante la dictadura de Fujimori y también exhortó a no promulgar esta ley.
Luego de ello, recuerda al Gobierno de Dina Boluarte que el Perú, al ser Estado parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, se le impone la obligación de cumplir con las decisiones de la Corte IDH, incluida las medidas provisionales.
"Dicho cumplimiento debe llevarse a cabo de buena fe y es vinculante para el Estado en su totalidad, abarcando a todos sus poderes, órganos, instituciones y autoridades públicas", indica.
Posterior a ello, la entidad afirma que se encuentra convencido que nuestro país, como Estado constitucional de derecho y fiel a su historia de resiliencia en materia de derechos humanos, "encontrará la vía para cumplir con sus obligaciones internacionales".
Finalmente, tal como lo dio a conocer el pasado 2 de julio, la Corte IDH le reitera a Dina Boluarte que envíe un informe detallado y completo sobre "lo que están haciendo para cumplir lo dispuesto en la resolución suscrita el 1 de julio y notificada al Estado peruano".
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una misiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En dicha carta, manifestaron su desacuerdo con la solicitud de la Corte de no aprobar la ley contra crímenes de lesa humanidad, conocida como la 'ley Amnistía'.
En la carta, ambos poderes reafirman su compromiso con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pero subrayan que Perú es un país soberano con sus propios mecanismos de control.
"(...) Por esta razón, deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y el control de los poderes públicos. Pretendería más bien en constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar", indica una parte del documento.
