Acabar con el turismo depredador pasa principalmente por legislar a favor de otros derechos, como el de la vivienda o el medioambiente, algo que conllevaría el fin del modelo actual
Si yo viviera en Finlandia, digamos que no muy lejos de Laponia, disfrutaría mucho del silencio tan característico del país: ya saben, entrar en un vagón y que no te enteres de las conversaciones ajenas, por ejemplo. Mis amigos me llaman aburrido, vale, pero seguro que a todas y todos ellos les vendría estupendamente un estado de bienestar como del que gozan por allá arriba.
Pero claro, no se puede tener todo, así que a buen seguro, si fuera finlandés, a la mínima ocasión me escaparía a la soleada Andalucía, ¿no? Del mismo modo, a muchos de quienes están leyendo esta columna les encantaría contemplar la aurora boreal alguna vez en su vida, siempre que el bolsillo lo permitiera. En suma, un poco de turismo.
Cualquier persona mínimamente informada sabe cómo en la actualidad el turismo, en el que de una u otra forma muchos acabamos participando, está destrozando la vida en algunas capitales o destinos preferentes. Qué les vamos a contar los malagueños. Alguien que visita Ámsterdam, pongamos por caso, y alquila por Airbnb un piso en un bloque de viviendas es en parte responsable de la crisis habitacional, por mucho que no engrose el asqueroso turismo de borrachera.
Sin embargo, centrarnos en el individuo, en el turista, es errar el tiro, poner puertas al campo, y dejar que se vayan de rositas quienes son los verdaderos culpables de este modelo voraz: aquellos que se han valido de la realidad del turismo para afilar actividades de expolio y extracción que siempre terminamos por pagar los mismos.
Se trataría, así, de relegar la categoría “turismo”, ya demasiado estrecha, para poner de nuevo en el centro el derecho a la ciudad: el derecho a arraigar nuestras vidas en ella, a estrechar vínculos sociales, de amistad, de familia, de solidaridad, de crianza y disfrute en nuestro tiempo de esparcimiento y ocio.
En cambio, los depredadores han convertido la ciudad entera en un escenario en el que sobramos como residentes. Solo nos quieren en tanto mano de obra que ni siquiera viva en ella, sino en pueblos periféricos desde los que desplazarnos cada día para servir a esos turistas, como de manera tan cruda afirma el alcalde de Málaga. El problema, por tanto, no es ya el turismo en sí, sino toda una serie de efectos colaterales que, además, amparan nuestras leyes.
Acabar con el turismo depredador, entonces, no pasa por legislar principalmente contra él, sino por legislar a favor de otros derechos. Para empezar, ningún bloque de viviendas debería albergar bajo ningún concepto un apartamento turístico. El propio concepto de Vivienda Turística es un oxímoron, de hecho.
La posesión de una vivienda ha sido en España uno de los factores tradicionales de la reproducción de las clases medias (reales, aspiracionales o imaginarias): ese patrimonio que una familia contaba con traspasar en herencia a sus descendientes. Hoy día se ha convertido en un producto financiero. Es una una aberración que se permita especular con nuestro derecho a un techo, lo que ha disparado ese rentismo popular contra el que el gobierno no se atreve a legislar.
Basta: la función social de la vivienda tiene que estar férreamente protegida. Ni un solo alquiler sin precios regulados, ni un solo alquiler vacacional. Se llama vivienda por algo. Quien quiera especular que se arriesgue en la Bolsa o se meta en el verdadero negocio hostelero.
Basta, igualmente, de destrozos irreversibles en el medioambiente: un gobierno tan progresista como se dice este ya habría establecido cupos severos, en función de las emisiones, a la cantidad de cruceros que pueden atracar en nuestras costas, entre otras muchas medidas.
También tendríamos inspecciones estrictas en la hostelería: a la tercera sanción por violación de las condiciones laborales tras una inspección de trabajo, o por invasión de vía pública, o por ruidos, se cierra un negocio.
Eliminar los apartamentos turísticos para, por el otro lado, beneficiar al lobby hotelero concediéndole nuevas licencias, como pretenden hacer en Barcelona, colapsa de nuevo las ciudades: ni una licencia hotelera más, por tanto, en destinos saturados.
En fin, son solo algunas ideas cuyo valor principal reside en disminuir de manera muy significativa la invasión turística, al tiempo que se esquiva la incómoda estigmatización del turista y recuperamos el derecho a la ciudad. Cuando la crisis de derechos fundamentales, como el de la vivienda o el medioambiente, llega a estos extremos, ya no vale el mantra de gobernar para todos. A estas alturas, como de manera palmaria reflejan las declaraciones del alcalde de Málaga, ya sabemos que “todos” son únicamente “ellos”.
