Este martes comenzó el debate en comisiones en torno a dos iniciativas que, con matices, buscan prohibir las candidaturas de dirigentes condenados por delitos de corrupción. El del macrismo apunta a aquellas condenas ratificadas por Casación, mientras que el del oficialismo aplica para cualquiera con sentencias no firmes, y hasta incluye otros delitos comunes como causantes de proscripción. En la UCR, como casi siempre, hay posiciones divergentes.
