Octavio César Sahuanay Caldín indicó que el incrementó de los juzgados de juzgamiento permitirá atender con mayor prontitud los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht
Es urgente contar con más Juzgados Penales Colegiados para acelerar el juzgamiento de casos complejos, como los de Lava Jato, afirmó el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN), Octavio César Sahuanay Calsín, durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza.
Sahuanay recordó que la CSN presentó a la Unidad del Equipo Técnico Institucional (UETI) del Código Procesal Penal una propuesta para que una de las salas penales liquidadoras transitorias se convierta en un Juzgado Penal Colegiado. “Entendemos que esta situación está en evaluación, y quizá pronto tengamos noticias”, señaló.
Un pedido similar fue desestimado, en el pasado, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que encabeza el presidente del Poder Judicial Javier Arévalo Vela. La CSN había previsto convertir y utilizar los recursos de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria en un juzgado penal colegiado.
Sin embargo, el Consejo Ejecutivo traslado ese órgano jurisdiccional a la Corte Superior de Justicia de Puno, como Sala de Apelaciones. Así, la CSJ se quedó sin sala transitoria y sin nuevo juzgado penal colegiado.
El presidente de la CSN aun tiene fe de que su propuesta sea escuchada y se le otorguen los recursos que requiere para avanzar con los juicios de Lava Jato en el Perú, entre otros casos complejos. Durante el 2023 y lo que va del 2024, ocho procesos han quedado listos para iniciar el juicio público y otros 10 están en la etapa de intermedia de control de acusación.
Entre estos casos están los de Juan Carlos Cevallos Ugarte por OSITRAN, Félix Moreno por Costa Verde Callao, Susana Villarán por aportes de Odebrecht y OAS, Los Doleiros, Martín Vizcarra por Obrainsa e Iccsa, Pedro Pablo Kuczynski por Westfield, Irsa Sur tramo 2, Jorge Acurio por vía Evitamiento Cusco y César Villanueva Arévalo por los proyectos Sisa-Cuñumbuque y Sisa-Bellavista en San Martín.
La falta de juzgados penales colegiados complica iniciar más juicios. El Primer Juzgado Penal Colegiado, que preside el juez Guillermo Huamán Vargas desarrolla el mega juicio a la red de Rodolfo Orellana Rengifo por lavado de activos. El Segundo Juzgado Penal Colegiado, que preside la jueza Zaida Pérez Escalante, tiene el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo por el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.
En tanto, el Tercer Juzgado Penal Colegiado, encabezado por la jueza Juana Mercedes Caballero, tiene los juicios al expresidente Ollanta Humala por los aportes de Odebrecht al Partido Nacionalista Peruano, el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular y el 22 de agosto, comenzará el juicio al ex gobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito por Vía Evitamiento Cusco.
El Cuarto Juzgado Penal Colegiado, que preside la jueza Fernando Ayasta Nassif, desarrolla el juicio a Jorge Luis Cuba Hidalgo por el Metro de Lima y tiene previsto iniciar, el 28 de octubre próximo, el juicio al ex presidente Martín Vizcarra por en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Durante la ceremonia que realizó la Corte Superior Nacional por el día del juez y la jueza se rindió homenaje a la jueza suprema y expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, por su contribución a la correcta administración de justicia.
Sahuanay Calsín sostuvo que la identificación de Barrios Alvarado con el sistema de administración de justicia, su participación en la fase embrionaria de la CSN, su valioso apoyo para consolidarla y su pasión por la especialidad penal la hacen merecedora del reconocimiento.
Sahuanay Calsín entregó a la expresidenta del Poder Judicial una maqueta de lo que será la nueva sede institucional. El presidente del Poder Judicial anunció que en diciembre entregará la nueva sede de esta corte que se viene construyendo en la cuadra 1 de la avenida Uruguay, en el Centro de Lima.
Barrios Alvarado agradeció el reconocimiento “que la compromete a seguir bregando con empeño por un mejor servicio de justicia”. Enfatizó que como poder del Estado les toca defender activamente la autonomía del Poder Judicial.
“No se trata, que la autonomía sea un escudo corporativista. La autonomía es la razón de ser de la judicatura como garantía constitucional. Los ciudadanos pueden respirar tranquilos si cuentan con un poder autónomo y con jueces independientes e imparciales, pues es la expresión de esos contrapesos necesarios, para el desarrollo nacional”, expreso.
El presidente de la CSN informó que los jueces y juezas de esta jurisdicción especializada, ante la preocupación expresada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial respecto de los casos Lava Jato, han asumido el compromiso de concluir etapas intermedias y juicios orales en trámite, este año.
En lo que se refiere a la etapa intermedia se proyecta concluir en los próximos meses con seis casos, en tanto, terminarán cuatro juicios orales, entre los cuales están los de los expresidentes Humala y Alejandro Toledo.
Remarcó que en la presente gestión hay una sistemática superación de los estándares previos. Hoy, hay una aglomeración de investigaciones concluidas que hace que tengamos más de un centenar de etapas intermedias en los juzgados de investigación preparatoria.
Destacó que la metodología utilizada para la gestión de casos complejos ha cambiado favorablemente. Los plazos de resolución de las etapas intermedias pasaron de un año a tres meses; y hoy las apelaciones pueden resolverse en un día, realizándose en horas los debates y la lectura del fallo.
“Creo que es momento de asimilar todas esas jornadas de capacitación que hemos tenido para dar una respuesta a tono con los retos actuales”, afirmó.
Informó que en el presente año se espera superar la cifra de juicios concluidos con el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, utilizando una reingeniería en la programación de audiencias – tres velocidades – donde los procesos más antiguos requieren una programación mayor en número de horas.
“La obligación es agilizar la respuesta jurisdiccional. Es un compromiso y esfuerzo de los jueces y personal jurisdiccional que agradezco, anotó.
De otro lado, se refirió al déficit remunerativo de los trabajadores del Poder Judicial con relación a otras instituciones del sector público. “Todos los jueces del Perú abogamos porque este trato desigual termine de una buena vez, no es posible que los trabajadores de un poder del Estado no perciban una remuneración acorde con su delicada responsabilidad en el sistema judicial”.
Del mismo modo, invocó a los poderes Legislativo y Ejecutivo armonizar sus propuestas en el marco de la Constitución y las leyes que reconocen el especial estatuto del juez y derecho a una remuneración digna. “Esa dignidad del juez, menoscabada históricamente, debe cesar”.
Abordó el proyecto de ley aprobado por el Congreso y observado por el Ejecutivo, que establece los porcentajes que deben recibir los jueces superiores, especializados y de paz, en función de lo que percibe un juez supremo y que está fijado en su Ley Orgánica.
“La ley aprobada no vulnera de modo alguno la Constitución del Estado o temas presupuestales, por el contrario, busca su plena eficacia”, afirmó.
