El Gobierno de Javier Milei disolvió formalmente el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el combate contra la discriminación en todas sus formas que pasará a ser responsabilidad del Ministerio de Justicia argentino, según informaron este martes fuentes oficiales.
Por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Estado argentino resolvió eliminar la entidad y transferir los recursos al Ministerio de Justicia, que tendrá bajo su órbita la ejecución de políticas para combatir la discriminación.
“Finalmente, se anunció la muerte definitiva administrativa del Inadi. En este instituto, ya inexistente, se habían descubierto más de 7.000 expedientes sin resolver desde el año 2016”, remarcó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria en la sede del Ejecutivo.
De acuerdo con el portavoz, el 85 % del presupuesto del Inadi era utilizado para el pago de sueldos, mientras que el 15 % correspondía a gastos obligatorios.
Entre las consideraciones para su cierre, el decreto destacó un informe de relevamiento donde se observaron “irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos”.
Esto, agregó el Gobierno, demuestra “el sobredimensionamiento de la estructura funcional del Inadi”, algo que se habría traducido en que 431 agentes hayan estado contratados para 44 sedes alrededor del país “sin control sobre la efectiva prestación de sus labores”.
Esto significó para el Estado un gasto de 315 millones de pesos (unos 337.406 dólares a cambio oficial actual) y unas 2.347 jubilaciones mínimas (315 dólares por jubilación) solo en marzo de este año.
También detectaron retrasos en la solución de denuncias y unas 7.788 actuaciones administrativas generadas desde el 2016 estaban sin resolver.
El Inadi fue creado en 1995, impulsado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), como un ente descentralizado para desarrollar políticas en Argentina para combatir todo tipo discriminación.
Sin embargo, desde el 2000 comenzó a ser intervenido por las administraciones de turno, quitándole autonomía al organismo, y a mitad de febrero de este año, el Gobierno de Milei había decidido continuar con la costumbre intervencionista, pero para cerrarlo.
