Presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo indicó que no basta pregonar una intención de acabar con la delincuencia, sino de dotar de la logística y medios adecuados a las instituciones que luchan contra la corrupción y el crimen organizado
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela denunció que el recorte del presupuesto del Poder Judicial para el año 2025, que pretende aplicar la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), afectará la lucha contra la criminalidad organizada y la implementación de las Unidades de Flagrancia contra la delincuencia común.
Arévalo Vela hizo esta denuncia durante la ceremonia por el día del juez y la jueza, que este año coincidió con el bicentenario de creación de la Corte Suprema de Justicia. En el evento, realizado en el salón Vidaurre de Palacio Nacional de Justicia estaba presente la presidenta Dina Boluarte y el titular del Congreso, Eduardo Salhuana.
"No podemos aceptar que funcionarios intermedios del MEF torpedeen la lucha contra la criminalidad con el pretexto de la austeridad fiscal, si ello fuera cierto, no se derrocharía millones de dólares en empresas público – privadas que solo son un lastre para el erario nacional. Los recursos existen, lo que sucede es que no se sabe o no se quiere distribuirlos como corresponde", precisó el presidente del PJ.
Añadió que enfrentar a la criminalidad requiere el liderazgo del Poder Ejecutivo y una estrategia clara y efectiva. "No basta que pregonemos la intención de acabar con la delincuencia, sino que se dote de la logística necesaria y se les otorgue a las instituciones del sistema de justicia (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio de Justicia) los recursos adecuados y necesarios para ese fin", precisó.
El presidente del PJ explicó que mediante el oficio N° 0086-2024-EF/50.03, del 12 de julio de 2024, la Dirección General de Presupuesto Público arbitrariamente les pretende asignar un presupuesto para el año 2025 de S/ 3 549,210,288 soles, sin respetar la Ley N.º 28821, “Ley de coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la programación y formulación del presupuesto institucional del Poder Judicial”.
La presidenta Dina Boluarte luego de saludar a los jueces por su aniversario institucional ofreció restituir el presupuesto al Poder Judicial para que pueda cumplir sus funciones y el combate a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Arévalo Vela enfatizó que el recorte de presupuesto evitará que el próximo año se pueda seguir implementando más Unidades de Flagrancia Delictiva que permiten que se dicten sentencias por delitos comunes en un plazo breve de tiempo.
Informó que el 2023 y en lo que va del 2024 han logrado implementar 11 Unidades de Flagrancia y en los próximos años se implementaran más unidades en La Libertad, Cusco, Piura e Ica.
Sobre este tema, agradeció el apoyo que ha recibido de gobiernos locales y regionales al donar terrenos para la construcción e implementación de dichas unidades, en las que participan la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial.
"Aquí se procesa y sentencia de una manera célere, por ello exhorto a estas instituciones que también han recibido recursos para las Unidades de Flagrancia, disponer exclusivamente este presupuesto para la creación de despachos fiscales, defensores públicos y policía especializada", solicitó el presidente del Poder Judicial.
"Si el presidente del Poder Judicial y los presidentes de la Cortes Superiores se reúnen con los gobiernos regionales y locales lo hacen con la mayor transparencia, autorizados por la Ley N.º 31774, para conseguir terrenos o locales que el Poder Judicial no cuenta por falta de recursos", se defendió.
El presidente del Poder Judicial anotó que en este momento los principales problemas del país son la delincuencia y la corrupción.
"Si no combatimos con firmeza la criminalidad, muy pronto el crimen organizado tomará las riendas de las instituciones del Estado, y no nos sorprenda que en las próximas elecciones los candidatos financiados por el narcotráfico, crimen organizado y minería ilegal lleguen a ocupar un lugar en la representación parlamentaria para defender sus intereses nefastos", afirmó.
Añadió que esta situación critica obliga a todos los jueces del país a actuar con responsabilidad y firmeza, y, sobre todo, dar mensajes claros a la población que son una garantía en la defensa de sus derechos, "en un marco de plena independencia jurisdiccional y autonomía institucional".
"Nuestra función encarna una gran responsabilidad basada en la correcta interpretación y aplicación del derecho. Los jueces deben tener una gran vocación de servicio y compromiso ético", puntualizó el presidente del Poder Judicial.
