Los movimientos en el cuerpo de letrados en el Congreso siguen sin cesar. En las últimas 24 horas, el Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado la salida de Francisco Javier de Piniés del Congreso rumbo al Senado, quien deja la dirección de la Asesoría Jurídica de la Cámara Baja para asumir esa misma responsabilidad en la Cámara Alta. De Piniés, que entró en el cuerpo de letrados en 2019, se suma a la lista de salidas que se ha producido en los últimos meses del Congreso al Senado tras el descontento generado por la gestión del secretario general y letrado mayor Fernando Galindo, un exalto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez que ha sido situado a dedo por el PSOE para allanar el camino a todas las maniobras al Ejecutivo, ya que algunas bordean la inconstitucionalidad, como la Amnistía o el uso de la Ley de Paridad para suprimir poder al Senado.
De Piniés se marcha al Senado en sustitución de Isabel Revuelta, quien ha sido elegida como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Revuelta ya se había marchado del Congreso al Senado en enero en plena fuga de letrados por el malestar que había generado la tramitación de la Amnistía con el permiso de Galindo. De hecho, Revuelta fue la autora del primer informe en contra de la Amnistía al poner en duda su constitucionalidad. Ese informe lo redactó cuando estaba en la Comisión de Justicia del Congreso, poco antes de salir hacia el Senado. Tras su informe, llegaron otros dos informes de los letrados en contra de la Amnistía.
En esta legislatura y de forma inédita, cada cámara está controlada por una mayoría: el Congreso por el PSOE y sus socios separatistas; y, el Senado, por el PP.
En este sentido, cabe decir que la dirección de la Asesoría Jurídica es un puesto clave en estos momentos de tanta convulsión política ya que es quien debe dirigir la estrategia jurídica ante cualquier pleito que surja. Ahora mismo, con la Amnistía en proceso de aplicación, el Senado va a tener previsiblemente protagonismo ya que el Tribunal Constitucional dará voz a las partes (Congreso, Senado y Gobierno) cuando abra el plazo de alegaciones en torno a las cuestiones de inconstitucionalidad que presente el Tribunal Supremo. Ahí, el Senado podrá formular las alegaciones y posicionarse en contra de la Amnistía.
Tradicionalmente, tal y como ya explicó LA RAZÓN, en este tipo de procesos, tanto el Senado como el Congreso se limitaban a adoptar una postura de colaboración con el Tribunal Constitucional. En cambio, ahora, se puede dar la primera vez en la que ambas Cámaras adopten una posición activa para tratar de obtener la razón ya que el Senado está en contra de la Amnistía mientras que el Congreso está a favor.
Cabe recordar que el Senado ya estuvo a punto de tener voz contra la Amnistía ante el Tribunal Constitucional ya que inició la tramitación de un conflicto de atribuciones, aunque, finalmente, quedó en suspenso y paralizado porque el PP acabó frenando la maniobra. Tras ese intento a medias, el Senado tiene ahora una segunda oportunidad de plantar cara a la Amnistía ante el Tribunal Constitucional.
El movimiento de Piniés se aprobó el pasado miércoles en una reunión de la Mesa conjunta (Congreso-Senado). Lo cierto es que Piniés tampoco parecía suscitar la confianza de Galindo ya que el letrado mayor ha hecho un equipo de confianza para preparar la estrategia jurídica a seguir ante los pleitos que puedan ir apareciendo, como el de la Amnistía.
No solo la Amnistía ha supuesto un golpe a la Constitución, también ha habido otras iniciativas muy polémicas en este primer año de legislatura. En concreto, recientemente, se ha aprobado la Ley de Paridad, una norma que busca regular la representación paritaria entre mujeres y hombres en órganos decisivos de la vida económica y política, pero que ha quedado empañada porque el Gobierno se ha empeñado en colar una enmienda para modificar la capacidad que tiene el Senado para tumbar los Presupuestos: es decir, son dos materias que no guardan conexión y la letrada de la Comisión de Igualdad lo advirtió en un informe y de que podia ser inconstitucional, aunque el PSOE lo ha desoído y ha seguido adelante.
No obstante, en el PP, de momento, van con el freno echado a la hora de acudir ante el Tribunal Constitucional porque consideran que todas las resoluciones están dictadas desde la «calle Ferraz», en referencia a la sede del PSOE. Eso ha hecho que los populares no hayan aún ni presentado el recurso contra la Amnistía, algo que parece que se está haciendo esperar a pesar de que el plazo para hacerlo culmina en septiembre (son tres meses desde la entrada en vigor, que fue el pasado 11 de junio).
