Superintendencia pidió un plan de acción a la Caja tras conocer auditoría externa que detectó falta de control en uso de sistemas de pensiones, inversiones y créditos hipotecarios del régimen
La Superintendencia de Pensiones (Supén) alertó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de que las pensiones del IVM están expuestas a “potenciales fraudes” debido a la ausencia de controles en el uso de sistemas informáticos que administran el régimen. También advirtió sobre los riesgos de que los estados financieros internos del fondo no representen la situación real de las finanzas.
“Según se evidencia en los estados financieros auditados, el IVM tiene una alta exposición a situaciones fraudulentas y la presentación de la información contable podría no reflejar fielmente la situación financiera de ese Fondo”, se indica en el oficio SP-725-2024, del pasado 2 de julio, del cual tiene copia La Nación.
La entidad supervisora pidió a la Junta Directiva de la CCSS que, en un plazo de 20 días hábiles, indique las acciones correctivas, el periodo de cumplimiento y los funcionarios responsables de mitigar las deficiencias a las cuales está expuesto el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El requerimiento se dio después de que la Supén conociera los documentos de auditoría externa del periodo 2021-2022 y la fiscalización especial plasmada en el Informe Complementario del Auditor, elaborados por Deloitte & Touche. Los documentos revelan una serie de deficiencias en la administración de las plataformas del Sistema Integrado de Pensiones (SIP), que gestiona la cotización y pago de jubilaciones de los afiliados al régimen; Gecredit, encargado del negocio de préstamos hipotecarios, y el sistema de las inversiones del IVM en el mercado de valores.
La auditoría externa también evidenció carencia de sistemas automatizados en las finanzas del régimen y en la liquidación presupuestaria.
Por tal razón, la Supén pidió a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja, indicar si la Junta Directiva asumirá los riesgos operativos, legales y reputacionales derivados de las debilidades señaladas por Deloitte.
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Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia, dijo que los resultados de la auditoría externa representan una oportunidad para que la CCSS tome acciones. “Si no hubiera dudas, el dictamen (de Deloitte) no hubiera sido negativo”, afirmó.
La Nación consultó a la Junta Directiva de la Caja, por escrito el pasado 24 de julio, sobre las acciones implementadas para mitigar las vulnerabilidades señaladas por la Supén y la auditoría externa, y sobre la certeza de la información financiera de la institución. Sin embargo, al cierre de este artículo, no hubo respuesta.
“Es muy opaco el manejo del IVM. Es inconveniente que un seguro de esta magnitud tenga estas carencias. Simplemente, las cifras que tenemos (del régimen) no son fiables”.
Édgar Robles, exjerarca de Supén
La Gerencia de Pensiones de la CCSS informó, por escrito, de que no puede referirse al tema porque la Directiva aún no ha conocido las respuestas dadas al oficio de la Superintendencia.
A junio pasado, el IVM registró 372.671 personas beneficiarias de pensiones. Además, contaba con 1.740.935 de trabajadores y 77.752 patronos cotizantes al régimen, según datos de la CCSS.
Al 31 de diciembre del 2022, el IVM registró una reserva de ¢3.136.460 millones, según los estados financieros auditados. Dicho monto fue equivalente al 6,9% del producto interno bruto (PIB) de ese año. En ese periodo, el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) registró un saldo administrado de ¢9.305.970 millones, es decir, el triple que el fondo básico.
Para el cierre del 2023, los estados financieros del régimen elaborados por la Caja muestran que la reserva ascendió a ¢3.301.185 millones, lo cual equivale a un 7% del PIB. En tanto, las operadoras de pensiones registraron activos por ¢10.895.870 millones en el ROP, según datos de Supén.
El pasado 30 de mayo, la Directiva de la CCSS dio por recibidos y aprobados los estados financieros auditados del periodo 2021-2022 en una votación dividida de cuatro votos a favor y tres en contra, según consta en el acta 9.453.
Deloitte, como auditor externo, emitió el documento con una opinión calificada. Esto ocurre cuando el auditor corrobora que el cliente no usa las normas de contabilidad de manera consistente y porque no pudo obtener suficiente evidencia para emitir una opinión no calificada o limpia, es decir, sin ninguna deficiencia.
La empresa describió inconsistencias en registros contables de cuentas por cobrar a cotizantes y el Estado, amortización de primas y descuentos de inversiones, saldos bancarios y datos sobre o subvalorados, según el documento Informe Complementario del Auditor, de 17 páginas, del cual tiene copia La Nación.
El documento señala deficiencias significativas de control interno, que podrían afectar adversamente la información financiera. Por ejemplo, Deloitte critica que la Caja registra una mora estatal de ¢350.161 millones al cierre del 2022, pese a que está en proceso de negociación con el Ministerio de Hacienda.
“Se han detectado deficiencias significativas en torno a los distintos modelos de estimación para cuentas incobrables, que pueden tener efectos sobre los resultados los estados financieros de la institución, debido a la sobre o subestimación de los saldos de las cuentas por cobrar”, se indica en el oficio firmado por José Antonio Amador Zamora, auditor de Deloitte.
Édgar Robles, exjerarca de Supén, destacó que la Caja, al carecer de supervisión en la administración del IVM, no tiene definidas las líneas de defensas operativas y de riesgo.
“El tema fundamental es la transparencia, porque no hay. Es muy opaco el manejo del IVM. Es inconveniente que un seguro de esta magnitud tenga estas carencias. Simplemente, las cifras que tenemos (del IVM) no son fiables. Debe darse un proceso de limpieza para saber qué es cierto y qué no”, afirmó Robles.
Para Álvaro Ramos, quien fue presidente de la Caja y superintendente de Pensiones, la contabilidad del régimen debería reflejar la realidad financiera. Él consideró la deuda estatal con el régimen como el principal hecho desestabilizador.
“Hay que considerar las dificultades para gestionar la liquidez del fondo si nunca se sabe si el Estado aportará su cuota”, opinó Ramos.
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Deloitte también señaló que la Caja no cuenta con un control de revisión de acceso en las bases de datos del régimen y los sistemas operativos encargados de la gestión de créditos hipotecarios del régimen, cuya cartera ascendía a ¢81.401 millones en junio pasado, y la plataforma de inversiones, con un saldo de ¢2.495.516 millones a mitad de este año.
Otra desatención en la seguridad señalada fue en el Sistema Integrado de Pensiones (SIP), que se encarga del trámite de nuevas pensiones, monto mensual del beneficio y las cotizaciones de los trabajadores afiliados al IVM.
“No se pudo corroborar que las cuentas privilegiadas se encuentran correctamente asignadas y custodiadas. Lo anterior, debido a que no se identificó evidencia formal donde se indiquen las cuentas con este tipo de privilegios de acceso, la persona responsable de la administración y custodia de cada cuenta”, se advierte en la auditoría complementaria.
Robles consideró muy graves las deficiencias en las plataformas vinculadas al fondo de pensiones. “Se pueden estar imputando cuotas a gente que nunca pagó; eso es muy preocupante. Más por el proceso reciente que permitió la pensión adelantada, puede que no haya seguridad de que se cobró lo correcto”, recalcó.
Sobre las debilidades informáticas, la Superintendencia pidió a las áreas de Riesgo y Control Interno de la Caja identificar los riesgos asociados con el proceso contable e informar del “grado de exposición resultante del IVM”. También solicitó evaluar las medidas de mitigación.
Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, confirmó que la elaboración de los estados financieros del régimen es un trabajo conjunto entre la Gerencia de Pensiones y la Gerencia Financiera.
“En el caso de las observaciones de la auditoría externa y los señalamientos que haga Supén, es la Gerencia de Pensiones la que los atiende directamente (...) Hacemos trabajo técnico, pero la implementación y atención de recomendaciones es en Pensiones. Puede implicar que lleve trabajos con nosotros”, reconoció Picado.
Sobre las liquidaciones presupuestarias, Deloitte verificó que el régimen del IVM carece de sistemas automatizados que permitan la integración entre la ejecución presupuestaria y lo registrado en la contabilidad. Esto implicaría el incumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público de la Contraloría General de la República (CGR).
Adicionalmente, no es posible corroborar el cumplimiento de metas de los egresos presupuestarios del fondo de pensiones, se detalla en la auditoría de Deloitte.
El Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la Contraloría informó de que, en octubre del año pasado, emitió un informe de fiscalización en el cual ordenó a la CCSS cumplir con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Para ello, instruyó la elaboración de un plan de acción para cerrar las brechas, el cual aún está en ejecución.
La CGR añadió que, dado el volumen presupuestario de la Caja, está obligada a someterse a una revisión externa de calidad de la liquidación presupuestaria, adicionalmente a la hecha por la Contraloría y la propia Auditoría Interna de la institución.
