Las decisiones políticas sobre financiación autonómica en España configuran un sistema de "vasos comunicantes", donde los recursos se redistribuyen entre las diferentes comunidades autónomas. Este sistema, bajo el principio de solidaridad interregional, busca equilibrar las disparidades económicas entre regiones, reasignando una parte de los ingresos generados por las regiones más ricas a las más desfavorecidas y garantizando que los ciudadanos de todas las comunidades tengan acceso a un nivel adecuado de servicios públicos independientemente de su capacidad económica.
Cataluña es, tras Madrid, la comunidad con mayor contribución a los ingresos públicos en España y siendo una de las regiones más ricas, con una economía fuerte, juega un papel crucial en el sistema de financiación autonómica, aportando el 20% del total de ingresos fiscales del Estado. Precisamente, la contribución de Cataluña a los ingresos públicos ha sido un tema recurrente en el debate político y económico, especialmente en el contexto de las demandas por mayor autonomía fiscal y el controvertido "concierto económico solidario" propuesto por ERC y PSC. Los críticos de este sistema argumentan que Cataluña aporta más de lo que recibe, mientras que los defensores del sistema actual sostienen que la redistribución es esencial para la cohesión social y territorial de España.
Por tanto, esta pretendida soberanía fiscal que se quiere poner en marcha supone generar un gran agujero en los ingresos del Estado, lo que pone en riesgo el sistema de financiación autonómica, la cohesión territorial y con ello, la financiación de aquellos servicios que se consideran esenciales. Así, el nuevo modelo quiebra la actual solidaridad entre las regiones españolas y, en este sentido, hay varias alternativas, o bien se reduce lo que perciben las regiones más pobres o bien se compensa con una mayor aportación de las ricas, básicamente Madrid, lo que implicaría mayor presión fiscal para sus ciudadanos o reducir sus servicios.
Básicamente es un paso más hacia la pretendida independencia en la que se busca que España salga de Cataluña sin que ocurra lo inverso, creando las bases de un estado confederal asimétrico, desafiando los principios de solidaridad y justicia distributiva, lo que conllevará una mayor fragmentación política regional y social. La disonancia creciente entre los principales dirigentes del partido en el gobierno y su ejecutiva evidencia una ruptura interna que cuestiona la cohesión y la legitimidad de las decisiones tomadas. Al igual que en una familia, las tensiones subyacentes emergen cuando uno de los hijos se convierte en el favorito, dejando a los demás en una sombra de resentimiento y rivalidad no resuelta.
