El defensor del pueblo valenciano considera que el "comportamiento" de María José Catalá: "ha impedido conseguir, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados" por una edil de Compromís
El Síndic de Greuges pide a la alcaldesa de València que aclare su dedicación a la universidad que privatizó
La alcaldesa de València, la popular María José Catalá, no ha contestado a las preguntas de una concejal de Compromís sobre la compatibilidad y las horas de docencia dedicadas por la primera edil a la Universidad Internacional de València (VIU), la institución académica que privatizó en 2013, durante su etapa como consellera de Educación, y que duplicó su valor un mes después de su venta. Y ello, a pesar de las recomendaciones del Síndic de Greuges, equivalente autonómico al Defensor del Pueblo.
El organismo, en una resolución del pasado 31 de julio a la que ha tenido acceso elDiario.es, indica que el Ayuntamiento de València “no ha aceptado” responder a la pregunta de la edil Eva Coscollà, explicando además que “no procede aceptar la recomendación efectuada”.
“Llegados a este punto”, afirma el Síndic de Greuges, Ángel Luna, “se hace evidente que desde el Ayuntamiento de València no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones” del organismo. “Este comportamiento ha impedido conseguir, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja”, apostilla la resolución.
La resolución de cierre del expediente de la Sindicatura de Greuges se incorpora así a su página web: “De esta manera, toda la ciudadanía, incluidos los miembros del Parlamento valenciano, podrá conocer la desatención de las actuaciones propuestas por el Síndic en este procedimiento”.
El consistorio se escuda, para no contestar, en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) municipal, y alega que la contestación de las preguntas de los concejales no están sujetas a derecho de amparo. También alude a una nota interpretativa del secretario general del Pleno remitida a todos los grupos municipales. Así, considera que existe una “discrepancia” entre lo dispuesto en el ROP y la “interpretación” de la Sindicatura de Greuges.
En su respuesta, la promotora de la queja lamenta que, “nuevamente”, la alcaldesa Maria José Catalá “pretende ampararse en una discrepancia interpretativa sobre el ROP sobre la base de un informe de la Secretaría Municipal y del Pleno que ha sido reiteradamente cuestionado por la Sindicatura de Greuges en multitud de procedimientos de queja análogas a la presente, en una clara maniobra dilatoria y de obstrucción a su acción”.
La edil Eva Coscollà, de Compromís, considera “muy graves y reiteradas” las “vulneraciones del derecho fundamental a la participación política de los concejales y concejalas y de la propia ciudadanía”.
Así, Compromís estudia recurrir a la “vía jurisdiccional en complemento a las quejas a la Sindicatura de Greuges, porque está demostrado que Catalá no está tomándose en serio esta alta institución”.
