La Comunidad decidió instalar un colegio europeo dentro de uno público sin consultarlo, pero se echó atrás cuando las familias rechazaron el proyecto; en su afán por ocultarlo obvió varios trámites legales, según sindicatos y oposición, y ha acabado haciendo una reforma para un centro que no va a existir
La Fiscalía investiga las obras de la Comunidad de Madrid en el colegio Ramiro de Maeztu
La Comunidad evitó contarlo hasta que no hubo más remedio. “Para no generar falsas expectativas”, alegaría después. Pero en mayo, cuando la gestión estaba ya muy avanzada, finalmente se conoció que iban a incrustar un colegio de élite para hijos de diplomáticos dentro de un centro público de Madrid, una operación que requería una obra para crear nuevas aulas. Las familias rechazaron el proyecto con vehemencia desde el primer momento.
La Comunidad –y esto es una rareza– acabó cediendo. No habría Escuela Europea Acreditada (EEA) en el Ramiro de Maeztu. Pero las obras se harían igualmente, anunció la Consejería de Educación. Nadie entendía nada. Si no hay EEA, ¿para qué las obras? ¿Se iba a remodelar el colegio por fin, como llevan solicitando años las familias? No. O no parece, porque las obras efectivamente empezaron, pero nadie sabe qué están haciendo. Tan es así que a las dos semanas han parado. Ahora, cuentan fuentes del centro, los obreros están deshaciendo lo hecho, volviendo a levantar los tabiques que se tiraron. La Comunidad de Madrid, preguntada por este diario, solo explica que “la obra de la Nevera [un pabellón que se cayó cuando el temporal Filomena, hace más de tres años] sí se va hacer”.
Entre medias, la Fiscalía investiga si hay algún delito en las obras, que afectan a un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural y quizá a un salón de actos de 1934 con unos bancos desplegables también protegidos. En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene sobre la mesa un recurso de las familias contra el proyecto por la vía de los hechos, porque el Gobierno regional no ha realizado un acto administrativo que recurrir (la decisión de realizar esas obras, plasmada en una decisión formal en un papel), que es la vía habitual.
Ha sido un mes tenso e intenso para las familias, que veían cómo un centro elitista iba a fagocitar su colegio (que algunos a la vez tachan de elitista dentro de la red pública de la Comunidad). También han sido 30 días que sirven como pequeño compendio del modus operandi de la Consejería de Educación: se decide ejecutar un proyecto sin preguntarle a ningún posible afectado qué le parece, se oculta todo lo que se puede hasta el punto de no presupuestar las obras imprescindibles, se intenta justificar cuando se acaba conociendo y, varios meses de gestiones y algún trámite después, se acaba retirando por falta de apoyo y, según algunas versiones, ante la posibilidad de que se lo tumbara la justicia por posibles irregularidades. Lo único que ha sobrevivido a estas semanas de caos son unas obras ilegales –según el PSOE– para no está claro qué, nada transparentes y, además, interruptus.
Las familias del Ramiro se enteraron de los planes de la Comunidad de Madrid a finales del pasado mes de abril. La dirección les informó de “una línea nueva de escuelas europeas” en un consejo escolar del centro. No era una consulta; estaba hecho. Pero pasó desapercibido. “No le dimos ninguna importancia”, recuerda hoy Mario Cordero, uno de los padres que ha participado más activamente en las protestas. “Tal y como lo contaban parecía como cuando se metió el bilingüismo, la línea de alemán o el bachillerato internacional. Una cosa más”. No lo era.
Para entonces –finales de abril– la Comunidad llevaba meses planeando la escuela. Habían registrado la petición en Bruselas el 10 de octubre de 2023, según contó El País, y lo había hecho por el procedimiento de urgencia. Fuentes educativas explican que el Gobierno regional entendió que tener una Escuela Europea Acreditada allanaría el camino para que Madrid se hiciera con la sede de la oficina de blanqueo de capitales europea. No pasó (la oficina acabó yendo a Fráncfort, Alemania), pero la escuela ya pasó a tener vida propia.
Mientras, las familias iban entendiendo por su cuenta lo que implicaba la escuela en su centro. “Íbamos topándonos con opacidad tras opacidad”, relata Cordero. “No había orden de implantación, no había nada”. Otra madre califica de “atropello” que “nadie” les informara y que la Comunidad “no ha seguido el procedimiento de ninguna manera. Lo primero de lo que tuvimos conocimiento –más allá del mensaje de la directora del que nadie se enteró– fue una convocatoria para la comisión de dictámenes e informes del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que era de las últimas fases de tramitación”. Un discurso similar realizan el sindicato CCOO o el PSOE de la Comunidad de Madrid, que también se implicaron con el Ramiro contra la EEA: cero información oficial.
Padres y madres empezaron a organizarse y rechazar el proyecto en torno a una idea: no cabemos, la EEA se hará a costa del servicio público, argumentaban. El Ramiro de Maeztu es un colegio relativamente pequeño, articulado en torno a una calle, con un par de edificios a un lado que acogen Infantil y Primaria, un pequeño huerto y unas canchas de baloncesto –el deporte seña de identidad del centro–.
La Comunidad de Madrid trató de atajar las protestas y vender el proyecto en un Consejo Escolar al que envió tres representantes el 21 de mayo. No convencieron a las familias, que acordaron oponerse a la EEA con el apoyo del profesorado, de la FAPA Giner de los Ríos (la asociación de las AMPA de la escuela pública de la Comunidad de Madrid), la oposición política en la Asamblea y los sindicatos, con especial implicación de CCOO.
Entre todos estos actores empezaron a destapar las irregularidades que veían en el proceso de creación de la escuela. La Comunidad, denunciaron, se había saltado prácticamente todos los trámites necesarios: para realizar una alteración profunda de un centro el proyecto debe ser aprobado tanto por el Claustro como por el Consejo Escolar, requisito que no se cumplió; por no haber ni siquiera había Orden de implantación, recuerda Isabel Galvín, de CCOO (se llegó a remitir al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pero finalmente se retiró); la obra planeada, desveló el PSOE en la Asamblea, no se incluyó en los presupuestos anuales, y no se puede ejecutar una obra que no aparezca ahí, según el diputado Esteban Álvarez. CCOO añade a las irregularidades el proceso de selección del cuerpo docente (que iba a ser ad hoc para este colegio dentro del colegio e independiente del resto del profesorado).
Con estos argumentos se escaló la protesta, que acabó llegando a Europa –una de las manifestaciones que montaron las familias culminó en la sede de la Comisión en España– y a la secretaría general de escuelas europeas. Los directivos de las EEA pidieron a la Consejería que realizara el proyecto siguiendo la normativa y con el apoyo de la comunidad educativa. No quería estar donde no era bien recibida. El Gobierno regional organizó entonces una reunión el 10 de junio con un par de familias que vendió como sesión informativa, pero que el AMPA rechazó: las dos parejas de padres y madres que acudieron no representaban el sentir general, aseguran varias fuentes.
Cuando las familias del Ramiro y el sindicato CCOO quisieron denunciar lo que estaba pasando en el Ramiro se encontraron que no había ninguna orden de la Comunidad de Madrid que recurrir: ni siquiera estaban presupuestadas las obras
Con estas supuestas irregularidades sobre la mesa, las partes elevaron la presión. Querían denunciar, pero no tenían qué, porque la Comunidad no había aprobado una orden de creación de una escuela que pudiera cuestionarse. “Para hacer esas obras [planificadas, en teoría, para hacer seis aulas nuevas en el colegio] tendría que haber un procedimiento administrativo, una licitación... No había nada”, cuentas fuentes del AMPA del centro. CCOO llegó a la misma conclusión. Solo quedaba atacar los hechos que la Consejería trataba de imponer.
Ambas organizaciones pusieron un “requerimiento previo” para el cese de la vía de hecho, un requisito imprescindible previo a la denuncia. El de Comisiones se registró el 19 de junio. “No existe ninguna norma ni acto administrativo para la implantación del programa de las EEA en el CEIP o en el IES Ramiro de Maeztu, y que, de hecho, se está evitando dictar un acto expreso para eludir un recurso”, adujo el sindicato.
A partir de ahí hay hechos e interpretaciones. Lo innegable es que solo un día después del requerimiento de CCOO el consejero, Emilio Viciana, anunció para sorpresa de todas las partes que la Comunidad renunciaba a implantar la EEA en el Ramiro de Maeztu. “Porque hemos escuchado a las familias y no queremos que algo bueno se convierta en algo malo, es por lo que hemos decidido suspender por ahora la implantación de la Escuela y estamos estudiando posibles nuevas ubicaciones para que la EEA sea lo que tiene que ser y la familia del Ramiro siga manteniéndose como una de las instituciones claves no solo educativas sino deportivas de la Comunidad de Madrid”, sostuvo en la Asamblea. El “por ahora” pronto fue definitivo; las familias habían ganado. Pero no del todo.
Porque Viciana también anunció ese día que la reforma sí seguía. “Seguimos con las obras de mejora que por supuesto están autorizadas y la ampliación en el Ramiro por valor de 850.000 euros que van a poder disfrutar todos sus alumnos, y que se van a llevar a cabo con pleno respeto por su condición de edificio protegido que tienen todas sus instalaciones”, explicó.
Los obreros entraron en el colegio el día 2 de julio para hacer una reforma que ya no era necesaria, pero pararon a los pocos días; nadie en el centro sabe qué iban a hacer, por qué no siguen ni cuál es el siguiente paso
Pero para el colectivo que se oponía a la EEA en el Ramiro la situación no era tan clara como vendía el consejero y la reforma está llena de irregularidades. “Esas obras incumplían la Ley de Presupuestos de 2024 de la propia Comunidad”, sostiene el PSOE. E incluso siendo así eran para construir seis aulas en el Ramiro, no para renovar el centro. “Las únicas obras previstas de acuerdo con la documentación a la que hemos podido tener acceso, han sido, desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2024, siempre las de construcción de seis aulas para la Escuela Europea Acreditada”, prosigue Álvarez, del PSOE. “La Consejería la había mantenido [la obra] bajo la denominación de 'obras de mejora' sin apoyo en ninguna documentación administrativa. Ni los planos, ni las memorias ni el proyecto de obra fueron modificados al objeto de realizar estas supuestas obras de mejora”.
Pese a las protestas, los obreros entraron en el Ramiro el 2 de julio. Tiraron algunos tabiques, según fuentes del centro de las familias, quitaron unos falsos techos... y una semana después pararon. Nadie del Ramiro sabe exactamente qué iban a hacer, por qué han parado ni cuál es el siguiente movimiento. Esteban Álvarez, del PSOE, asegura que van a deshacer lo hecho para dejarlo todo como estaba, pero la Comunidad no lo confirma. Al menos de momento, el Salón de Actos, un espacio que data de 1934 y está protegido, no se ha tocado.
Que la obra fuese una realidad no detuvo la lucha del AMPA del centro, que elevó su protesta al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Tuvo que ser, como el requerimiento previo, por la vía de los hechos, porque seguía sin haber una orden que recurrir, explica Cordero. Irregularidad tras irregularidad, añaden CCOO y PSOE. En el Tribunal sigue la denuncia, a la espera de que los magistrados tomen alguna decisión.
Para ampliar el frente, las familias también remitieron toda la información que iban juntando a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. El organismo público sí se ha puesto en marcha a raíz de los documentos recibidos: como adelantó elDiario.es la semana pasada, ha mandado a la Guardia Civil para que investigue si se ha cometido algún delito contra el patrimonio en el centro. Así está la situación hoy.
Durante las conversaciones con familias, oposición política y miembros de la comunidad Ramiro para elaborar este reportaje la expresión más repetida era “no lo sabemos”. La falta de transparencia ha dominado este episodio desde el primer día. “Para mí”, cierra el diputado Álvarez, que hace apenas año y medio era director en un instituto público y representante de los directivos de centros públicos madrileños, “esto es una muestra de cómo funciona la Consejería: se equivocan hasta cuando aciertan”, dice en alusión a la incongruencia de parar el proyecto pero no las obras.
