En notificación pública dirigida al Estado y a la empresa minera Río Blanco Copper S.A., las comunidades campesinas piuranas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en su rechazo a la actividad minera, postura que expresaron en la auto consulta del 16 de setiembre de 2007.
En esta línea prohíben a Río Blanco Copper S.A. ingresar a sus territorios, o efectuar toda forma de acercamiento, contacto, presión, acoso, dádiva a sus comunidades, rondas, dirigentes o miembros, con el propósito de "buscar el consenso, consentimiento y convivencia". Precisan que de incumplir esta decisión aplicarán su propia justicia.
Asimismo, declaran “nulas de pleno derecho” las concesiones mineras del megaproyecto Río Blanco y todas las otorgadas dentro de sus territorios, en razón a que el Estado no realizó la consulta previa, tampoco obtuvo el consentimiento previo, libre e informado antes de otorgar las mismas.
Los comuneros de Segunda y Cajas y Yanta también exigen al Ministerio de Energía y Minas que, dentro del plazo de ley, declare la nulidad de las concesiones mineras inconsultas en el procedimiento administrativo que han iniciado con este propósito el 25 de julio de 2024.
Igualmente, demandan a la Defensoría del Pueblo que, en cumplimiento de sus funciones, fiscalice al Estado y emita un informe respaldando los derechos colectivos a la autodeterminación, consulta previa y derechos territoriales, y la nulidad de las concesiones mineras inconsultas.
El documento está dirigido expresamente al gerente de Gestión Social de Río Blanco Copper S.A., Wilhar Castro, a la presidenta de la República Dina Boluarte, al ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, al gobernador regional de Piura Luis Neyra y al defensor del Pueblo Josué Gutiérrez.
