El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha anunciado el registro de una pregunta al Ministerio del Interior sobre "la infiltración ultraderechista en las fuerzas y cuerpos de seguridad"
Amenazas, insultos y publicación de datos personales: la nueva estrategia intimidatoria de Desokupa
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado este domingo un acuerdo de “formación” en “defensa personal” para 30.000 policías que impartirá la empresa de desalojos ilegales Desokupa, liderada por Daniel Esteve.
El sindicato policial ha publicado un vídeo en el que Esteve firma el acuerdo por parte del “Club Desokupa” junto a Mónica Gracia, secretaria general del sindicato mayoritario en la Policía. Según afirma Esteve, “Club Desokupa es un curso de formación de defensa personal muy real”, en el que van a adiestrar “tanto a civiles como a policías”. Se trata de cursos impartidos por “18 formadores” con hasta “500 policías a la vez”.
Gracia ha calificado el acuerdo de “histórico” y lo ha justificado con la existencia de “un problema en las calles” donde hay “una violencia desmedida” y “la autoridad se ha perdido”.
Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, ha anunciado el registro de una pregunta al Ministerio del Interior, “que tiene que actuar contra la infiltración ultraderechista en las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Errejón ha calificado a Desokupa de “banda escuadrista de extrema derecha dando cursos de formación que puntuarán para miles de policías nacionales”.
Para lograr sus objetivos, Desokupa ya no solo utiliza la presencia de hombres hipermusculados a las puertas de un domicilio. Ahora también dispone de las redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores, para intimidar.
El líder de esta empresa se ha acabado haciendo famoso al albor de programas matinales como el de Ana Rosa, en Telecinco, o el de Susanna Griso, en Antena 3, donde ha aparecido en directo en decenas de ocasiones explicando sus actuaciones más polémicas. Sus seguidores han subido como la espuma gracias a estos programas y ahora ya vuela solo. Dispone de dos cuentas de Instagram que suman 150.000 seguidores y de un canal de Youtube con 213.000 más. Su perfil de Facebook tiene más de 40.000 seguidores. Él mismo se define actualmente en su página web como un “influencer”.
Desde estas cuentas se dedica a publicar los rostros de los okupas a los que quiere expulsar para ejercer presión sobre ellos. En ocasiones también revela su nombre completo, el municipio en el que viven o incluso sus números de teléfono y pide a sus seguidores que le inunden a llamadas. También dispara mensajes racistas, tránsfobos y machistas y muestra apoyo a iniciativas y periodistas de extrema derecha.
Según diversos juristas consultados, este tipo de publicaciones vulneran claramente la normativa de protección de datos. “Utiliza la publicación de datos personales en una cuenta corporativa para ejercer presión social y coaccionar a personas”, apunta Pere Simón, abogado, doctor en derecho constitucional y consultor especializado en protección de datos. “Evidentemente esto no es una finalidad legítima prevista en la normativa”.
