La llegada de Eduardo Salhuana a la presidencia del Congreso y el hecho de que la presidenta Boluarte sea una suerte de aliada sumisa del Legislativo debe ser motivo de festejo en los campamentos de minería informal e ilegal del país.
Viendo este panorama no está demás revisar los retos pendientes que tenemos frente a esta actividad. En escenarios cada vez más complejos, los hechos de violencia que ocurren en La Libertad, Arequipa, Ica, Apurímac y también en la Amazonía, son indicadores de un nuevo momento que hay que saber caracterizar.
Un primer factor tiene que ver con la subida de las cotizaciones que ha hecho cada vez más rentable este tipo de minería, como ocurrió en el pasado superciclo (2003-2012): las cotizaciones del oro y también las del cobre han batido todos los récords previos.
Otro factor tiene relación con la pandemia, que se tradujo en una pérdida masiva de empleo: poblaciones que se quedaron sin ingresos y que decidieron volver a sus comunidades, generando presión para buscar opciones de subsistencia. La pandemia también significó el retroceso del Estado en los territorios: frente a la emergencia sanitaria, el Estado peruano se tuvo que movilizar para enfrentarla, descuidando otras funciones. Ese vacío fue aprovechado por actividades ilegales que encontraron condiciones inmejorables para expandirse.
Algunos indicadores dramáticos de este avance: por un lado, la deforestación alcanzó niveles récord el primer año de la pandemia (203 mil hectáreas el 2020) y desde entonces ya son 18 defensores ambientales, sobre todo líderes indígenas, que han sido asesinados por las mafias que controlan estas actividades.
Este tipo de minería no solo tiene una dimensión distinta a la que mostraba tiempo atrás, sino que también presenta nuevas características. Detallamos algunas de las principales:
-En la actualidad la minería informal y la ilegal, ya no solo es aurífera y no metálica, crecientemente ha incorporado otros metales, como el cobre. Si bien en otros períodos ha habido explotación informal de cobre y otros metales de base, las cotizaciones actuales la convierten en una actividad muy atractiva.
-Hasta hace un tiempo, la minería informal y la ilegal casi no coincidían en territorios con la gran minería. Donde había minería informal, por lo general no había gran minería, salvo excepciones. Ahora se encuentran y la convivencia se traduce en una disputa por el control de concesiones, acompañada muchas veces de violencia. Lo que ocurre en provincias de Apurímac, Cusco y en regiones como La Libertad, Puno, Arequipa, es un ejemplo de un escenario de disputa.
-También hay poblaciones que se están transformando: comunidades que optan por hacer minería, ya sea como actividad complementaria o principal. Esto ocurre tanto por las presiones que se dan dentro de la propia comunidad, por la búsqueda de alternativas para generar ingresos, como también por la presencia de operadores externos que buscan ganar nuevos territorios. En las últimas décadas se ha forjado una especialidad en este tipo de minería que se mueve por el país con promotores que capacitan, asesoran, facilitan el acceso a insumos y la comercialización; enganchan con créditos a nuevos mineros y, al mismo tiempo, cuando encuentran resistencias, se imponen con violencia.
-Es un sector que ha acumulado poder económico. Los grupos que controlan la actividad se han beneficiado de ciclos de precios altos, lo que les ha permitido acumular ganancias extraordinarias. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, las economías ilegales movieron US$ 33,217 millones, entre junio de 2023 y mayo de 2024, lo que equivale al 14% del PBI. La minería ilegal maneja casi un tercio de este monto (US$10,246 millones), seguido por el narcotráfico (con US$ 4,741 millones).
-Ese poder económico se traduce en influencia política, social, penetración en esferas del Estado: en el sistema de justicia, fuerzas del orden, municipios, Congreso, logrando leyes a su medida con el respaldo del Ejecutivo. Es un sector que hoy en día es consciente de su poder y que además percibe que no hay voluntad política para enfrentarlo. En las campañas electorales varios partidos políticos han terminado firmando actas y compromisos con las organizaciones de mineros informales.
-Cada vez existen más evidencias que el sector genera sus propios mecanismos de seguridad y cuando se abren disputas, optan por contratar grupos armados para imponer condiciones, controlar yacimientos y desalojar a otros grupos de mineros u opositores. Es lo que habría pasado en Caravelí en junio de 2022 y lo que sucede en la actualidad en Pataz.
Si hasta el momento la tendencia es de expansión y descontrol, un posible escenario es que este sector se siga imponiendo, ya no solo en los territorios ganados, sino que incorpore otros, como hoy en día ocurre en el Cenepa, en Loreto, Ucayali, etc.
¿Marchamos a un escenario similar al de Bolivia, donde los cooperativistas mineros se convirtieron en una base social que terminó imponiendo condiciones a los gobernantes, actuando con violencia? Por lo que se aprecia en algunos territorios, no habría que descartar esta posibilidad, aunque cada país presenta sus propias características.
¿Qué hacer? Lo primero es reconocer es que no hay soluciones sencillas. El que afirme lo contrario no tiene idea de la magnitud del problema. Planteamos algunas propuestas que no pretenden ser una solución integral, pero que podrían ser pasos iniciales para enfrentar la emergencia:
-En primer lugar, se necesita una férrea voluntad política, al mismo tiempo que se reconoce a las poblaciones que están luchando para proteger sus territorios y se resisten al avance de la actividad. Poblaciones como los awajún, wampis y otros pueblos amazónicos que están dando batalla para detener la minería ilegal; las rondas campesinas, etc. No pueden hacerlo solos y es deber del Estado respaldarlos.
-Por otro lado, el bioma amazónico está en peligro. Salvar la Amazonía es una tarea que debe ser encarada de manera coordinada entre los 9 países amazónicos y enfrentar de manera conjunta actividades ilegales. La lucha frente al calentamiento global abre la posibilidad de contar con aliados globales y recursos que pueden potenciar una estrategia nacional para enfrentar a la minería ilegal.
Se debería neutralizar la expansión y así evitar que nuevos territorios se incorporen a los que ya controlan los circuitos de poder de la minería ilegal. Es clave neutralizar los avances de esta actividad para luego comenzar a recuperar los territorios ya impactados. Además, se debe cortar con la especulación en torno a las concesiones mineras: titulares de concesiones que terminan arrendando a grupos de mineros para que las exploten de manera informal.
-Finalmente, la partida que se le asigna al combate a la minería ilegal representa apenas el 0,03% del presupuesto nacional. No se puede pretender frenar una actividad que mueve más de US$10,000 millones con un presupuesto de apenas 22 millones de dólares. Este dato muestra que la lucha contra la minería ilegal no es una prioridad para el Gobierno.
