El 27 de julio comenzó la presente legislatura luego de la elección de una nueva Mesa Directiva, con un discurso presidencial de 5 horas y en el contexto de una crisis política en Venezuela.
Frente a esto último, una mayoría parlamentaria ha promovido comunicados y mociones para enarbolar y exigir hacia el extranjero “valores democráticos, la defensa de las instituciones y las libertades republicanas”.
No obstante, resulta inconsistente reclamar falta de transparencia en las elecciones venezolanas cuando en la presente legislatura se pretende (1) habilitar el enjuiciamiento político a los órganos electorales en el Perú y (2) que sea el Parlamento quien elija a los jefes de la ONPE y el Reniec.
No se puede hablar de institucionalidad mientras se pretende eliminar a la JNJ, (3) a los movimientos regionales, y (4) a la Ley Servir. Menos si se busca (5) insistir con el nombramiento automático de más de 150.000 profesores sin previa evaluación y (6) el aumento de 90 parlamentarios a través de una ley orgánica.
Es imposible defender las libertades republicanas y a la vez tener agendado en el Pleno el (7) darle una “segunda oportunidad” a universidades con licencia denegada; (8) ampliar el plazo de inscripción en el Reinfo, favoreciendo a la minería informal; (9) debilitar la extinción de dominio; y, (10) derogar la ley que controla la contaminación lumínica.
Los 10 puntos mencionados, que representan todo lo contrario a lo que se le exige a Venezuela, están pendientes de ser aprobados en la presente legislatura que culmina en diciembre y sobre los cuales debemos de estar alertados
Finalmente, cabe resaltar que esta crítica no supone avalar el fraude electoral ni la dictadura de Maduro, sino, por el contrario, pretende evidenciar la falta de autoridad y el doble estándar democrático que tiene una mayoría parlamentaria para exigirle a Venezuela la puesta en práctica de valores que no defienden en el Perú.
