El instructor del «caso Begoña Gómez» es, según críticos del PSOE, un «juez de pueblo que puede cargarse a todo un Gobierno»
Si hace tan solo unos meses le hubieran vaticinado lo que se le venía encima, ni él mismo se lo habría creído. Pero el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, tiene en sus manos el polémico asunto que ha provocado todo un terremoto político y judicial.
El magistrado instruye la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que arrastra a otros imputados como el empresario Juan Carlos Barrabés o el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyeche.
Pero el escándalo culmina con la declaración presencial en el Palacio de la Moncloa del propio Pedro Sánchez ante el juez, bajo un silencio sepulcral al negarse a declarar, y la respuesta furibunda del jefe del Ejecutivo al pasar directamente al ataque y presentar una querella, a través de la Abogacía del Estado, por prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), paso que también ha dado su esposa.
Una ofensiva sin precedentes, en la que se realizan duras críticas a la actuación de Peinado, al que se achaca un «descrédito gratuito» hacia la institución que Sánchez representa. Expertos jurídicos enmarcan esta querella en una conducta prepotente y soberbia del inquilino de La Moncloa y sus asesores, con el objetivo de ganar tiempo, mientras le auguran un escaso recorrido procesal con visos de ser archivada.
En el entorno del magistrado Peinado, ubicado en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, comentan que este ataque del presidente del Gobierno persigue desestabilizar al juez, ponerle nervioso y coaccionarle. «Pinchan en hueso», advierten algunos de sus colaboradores, quienes denuncian acosos enormes frente a la figura del magistrado. Aseguran que desde que inició la instrucción contra Begoña Gómez se le ha investigado en todo: su casa familiar en Madrid, su situación financiera, una segunda residencia en tierras de Ávila, una supuesta y luego demostrada falsedad doble de su DNI, y hasta el trabajo de su hija Patricia, concejal del PP en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Una estrategia de acoso y derribo por parte de los poderes del Estado que busca intimidar al juez e impedir la consecución de la causa contra Begoña Gómez y una posible imputación de Pedro Sánchez. Anclados en su altivez, los «gurús» monclovitas olvidan que la ley es igual para todos y que el expresidente Mariano Rajoy o la propia Infanta de España, Cristina de Borbón, comparecieron ante la Justicia sin ninguna obstrucción.
Comienzan a ser muchos ahora en el PSOE, y también algunos ministros del Gobierno en privado, los que se muestran contrarios a la estrategia de defensa y mediática de Sánchez y su mujer, cuyo único objetivo es atacar, desprestigiar al magistrado y vincularle con la ultraderecha. «Esto ya no cuela», admiten veteranos dirigentes socialistas. Juan Carlos Peinado era, hasta el momento, un magistrado prácticamente desconocido.
El pasado 11 de enero, antes de que se presentara la denuncia contra Begoña Gómez, logró la autorización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para prorrogar su jubilación hasta los 72 años, el máximo permitido. Peinado es un juez tardío, que empezó su carrera como magistrado a los 40. Su carrera viene de lo más humilde, pues previamente había trabajado como secretario de municipios de pequeño tamaño como Palomeque y Villatobas, en Toledo, e Higuera de las Dueñas y Fresnedillas, en Ávila.
Tras su salto a la carrera judicial, antes de llegar a Madrid, trabajó en los juzgados de Arenas de San Pedro y Talavera. Funcionarios de entonces le recuerdan como un hombre discreto, amable en el trato cercano, pero muy seco y cortante en la actividad profesional. En el año 2013 se presentó como candidato independiente a vocal del CGPJ sin conseguirlo, y en 2019, a la plaza de refuerzo de la Audiencia Nacional que dirigía Manuel García Castellón.
Muy conocido y bien valorado en la provincia de Toledo, donde trabajó muchos años como secretario judicial, Peinado se encargó de otras causas mediáticas como la investigación contra el futbolista del Real Madrid Raúl González Blanco por gestiones y deudas de algunas de sus empresas. También abordó la instrucción contra doce periodistas por dar información sobre el caso de los CDR, que finalmente fue archivada.
En círculos jurídicos algunos le critican sus lagunas en la fase de instrucción, mientras otros alaban su rigor y lejanía del poder político. Desde el Gobierno y el PSOE se ha desatado una auténtica cacería mediática contra él, con presuntos vínculos con el sindicato Manos Limpias, artífice de la denuncia contra Begoña Gómez. Por el contrario, en su entorno niegan cualquier conato político del juez y tampoco con el PP, a pesar del cargo desempeñado por su hija Patricia como concejal en el Ayuntamiento de Pozuelo.
Cuando en 2015 la magistrada Cristina Díez fue nombrada directora general de Justicia y Seguridad en el Gobierno de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, un juez desconocido entró como sustituto en el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla. Su nombre era y es Juan Carlos Peinado. «Un juez de pueblo que puede cargarse a todo un Gobierno», ironizan algunos críticos en el PSOE alertados del cariz que están llevando los acontecimientos.
Critican la estrategia desarrollada por el defensor de Begoña Gómez, el exministro Antonio Camacho, de arremeter duramente contra el magistrado, así como los términos en que la Abogacía del Estado ha elevado su querella por prevaricación ante el TSJM. En unos términos muy descalificativos, que no tienen precedentes en nuestra historia judicial por parte de un presidente del Gobierno.
Frente a ello, desde su entorno insisten en que no sucumbirá a las presiones: «El juez Peinado ni se despeina ni se amilana, trabaja y resiste».
