San José. Al menos 12 sacerdotes fueron detenidos en los últimos días en una nueva oleada de arrestos contra religiosos de la Iglesia católica en Nicaragua, informó este sábado una ONG de derechos humanos que trabaja desde el exilio en Costa Rica.
“En las últimas 48 horas, ha ocurrido una escalada represiva contra sacerdotes de la Iglesia católica” en el departamento de Matagalpa, en el norte del país, dijo en un comunicado el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
“Varias parroquias han sido asediadas y al menos 12 sacerdotes detenidos arbitrariamente, algunos de ellos con paradero desconocido y en situación de desaparición forzada”, precisó la organización.
El jueves y el viernes, la Policía nicaragüense realizó operativos en parroquias de las diócesis de Matagalpa y también de Estelí (norte), dijo en la red social X la abogada e investigadora de temas de la Iglesia, Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos.
La activista de derechos humanos nicaragüense Haydeé Castillo, también exiliada en Estados Unidos, aseguró en X: “Anoche, Matagalpa estuvo asediada por fuerzas policiales y paramilitares”.
El gobierno de Nicaragua no se ha referido a estas informaciones. El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sostienen que la Iglesia apoyó las protestas del 2018 contra el gobierno, las que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que Managua considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Murillo ha calificado a los religiosos de “hijos del demonio” o “agentes del mal” que hacen “terrorismo espiritual”.
“Esta es la mayor arremetida desde diciembre del 2023″, cuando fue detenida otra docena de sacerdotes, afirmó el colectivo. En enero pasado, una treintena de religiosos fueron excarcelados y enviados al Vaticano.
Hace una semana, un grupo de expertos de las Naciones Unidas denunció que el gobierno de Nicaragua mantiene ataques “sistemáticos” contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas desde las protestas del 2018.
Desde abril del 2018 hasta marzo del 2024, ese grupo constató “73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas”, aunque dijo que “la cifra total podría ser más alta”.
