“En Costa Rica persiste la dinámica de los matrimonios precoces de niñas, a pesar de que la edad legal para contraer matrimonio es de 18 años, sin excepciones legales. Esto sugiere la importancia de abordar la fuerte y persistente influencia de las normas sociales y los comportamientos tradicionales”, advirtió un informe emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en julio pasado.
El 10% de las menores entre 15 y 19 años ya están casadas o en pareja, en comparación con solo el 2% de los varones de la misma edad.
Esta cifra de jóvenes emparejadas es inferior al promedio de la región de América Latina y el Caribe, que alcanza el 14%. Sin embargo, duplica el 5% de media entre los países integrantes de la OCDE, organización de la cual Costa Rica es parte.
El informe concluye que, para prevenir los embarazos adolescentes no deseados, es fundamental implementar políticas de salud sexual y reproductiva más integrales y sensibles al género, así como educación sexual para adolescentes. Además, recomienda proteger mejor a las niñas de la explotación y los abusos sexuales.
Según el estudio, en Costa Rica, el 17% de las jóvenes entre 20 y 24 años se habían casado antes de cumplir la mayoría de edad, cifra superior al 15% de la OCDE, pero inferior al 23 de la región latinoamericana.
Por otra parte, la diferencia de edad entre madres y padres es significativamente mayor entre los hijos de adolescentes que entre los de mujeres de 20 años o más. Así lo constató la OCDE con base en los datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Esta disparidad se debe a dinámicas de poder desiguales en las relaciones, lo que puede llevar a situaciones de explotación y abuso.
13.700 niñas se casaron con adultos
La legislación nacional prohíbe mantener relaciones sexuales con una persona menor de 12 años. Para las niñas de 13 y 14 años, las relaciones sexuales también son ilegales si la pareja es cinco años mayor o más. Estas leyes buscan proteger a las menores de relaciones que pueden ser coercitivas, debido a la diferencia de edad entre la pareja.
Sin embargo, a pesar de estas regulaciones, las relaciones impropias siguen existiendo.
El informe también resalta la relación entre el embarazo adolescente y la pobreza, así como otros indicadores socioeconómicos. Sugiere que una de las razones que podrían estar obligando a estas jóvenes a casarse o mudarse con sus parejas es evitar estigmas sociales, debido a que resultan embarazadas.
Además, el embarazo y el matrimonio precoz están entre las fuerzas que influyen en problemas como la baja escolaridad y perspectivas laborales menos prometedoras.
“Las consecuencias del matrimonio infantil para la educación y las perspectivas laborales de las jóvenes novias son graves, y probablemente agraven la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que asumen las niñas”, explica la OCDE.
En el 2017, el 61,5% de las madres adolescentes entre 12 y 19 años no había terminado la secundaria y el 27,6% no había terminado la primaria. Además, el 62,6% reportó trabajar en el hogar como actividad principal, mientras que solo el 34,6% asistía a la escuela.
La maternidad adolescente también afecta desproporcionadamente a las menores que provienen de hogares con bajos ingresos, zonas rurales o que pertenecen a minorías, como grupos indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, la prevalencia del embarazo adolescente es cinco veces mayor entre las adolescentes indígenas que entre las no indígenas.
Relaciones impropias compiten con escolarización de niñas y adolescentes
Según el informe, en Talamanca, Limón, se presentó la tasa de natalidad adolescente más alta, con 52 niñas embarazadas por cada 1.000 adolescentes, seguida de Los Chiles, Dota, Turrialba y Limón, con tasas entre 48 y 45 por cada 1.000 jóvenes.
