El desafío de cerrar la creciente brecha social es cada vez más difícil. En el 2023, la pobreza golpeaba al 21,8% de la población, equivalente a 390.509 hogares sin el ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.
La pobreza se concentra sobre todo en las zonas costeras y fronterizas, donde la salud, la educación, el empleo y la vivienda están al alcance de menos personas, y la violencia afecta más a sus pobladores. La pobreza crea desventaja económica y social. Costa Rica es el país con mayor índice de adolescentes y niños pobres, y el de más desempleo de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La desigualdad se viene ampliando y en nada ayuda reducir la inversión en programas sociales. En educación, pasamos del 7,44% del PIB en el 2016 al 5,4% en el 2024. La desigualdad genera tensión, vulnerabilidad, polarización y violencia.
Es casi imposible mejorar el nivel de vida de la gente si los programas sociales se debilitan, especialmente aquellos críticos, como vivienda, salud, becas, comedores escolares y, ante todo, educación. Las oportunidades para la movilidad social dependen de un conjunto de variables, pero la calidad de la educación pública y la salud son fundamentales. Lamentablemente, son dos de los campos más deteriorados en los últimos años.
Las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por su sigla en inglés) son prueba innegable de la caída nacional. Costa Rica ocupa el puesto 57 en una medición hecha a 81 países, es decir, ocho puestos menos en el ranquin del 2019, debido a la mala preparación de los educandos en matemáticas, lectura, escritura, inglés y habilidades blandas.
Las universidades públicas reportan el grave problema de recibir estudiantes provenientes de colegios públicos, salvo ciertas excepciones, con serias deficiencias. En consecuencia, se esperaría que el Ministerio de Educación se apresure a realizar una reingeniería que acabe con la enorme burocracia, los problemas de gobernanza, los programas obsoletos o la ausencia de evaluación.
Pero los alumnos no solo carecen de conocimientos en materias básicas, también muestran falta de valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, el compañerismo y la disciplina. Los profesores parecen no tener vocación, compromiso ni formación para el mejoramiento continuo. Cada vez menos jóvenes terminan la secundaria, y lo más grave es que ni los niños ingresan a primaria o los padres dejaron de ver la importancia de enviarlos a clases.
No toda la culpa es del profesorado o las familias. El Estado abandonó la reforma educativa, las inversiones en infraestructura van decreciendo y las condiciones sanitarias en muchos centros educativos son deplorables. Los centros educativos no cuentan con internet, o si disponen de conectividad, esta no es de fibra óptica y las computadoras son insuficientes.
Durante la pandemia, la mayoría de los alumnos no recibieron lecciones por no contar con dispositivos apropiados, conectividad en sus casas, profesores que manejaran bien las nuevas herramientas tecnológicas o padres para apoyarlos. A este preocupante problema, hay que sumar la huelga de los educadores que terminó agravando una crisis educativa de la cual no hemos salido.
Para colmo de males, la tecnología avanza aceleradamente y la brecha digital se ensancha. Ningún favor hizo a la educación la ruptura del convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD), organización que contribuyó con el MEP durante más de 35 años. Después de esta decisión, el MEP no ha hecho un reporte de los costos ni de los resultados, el único argumento es que el convenio no estaba alineado con la famosa Ruta de la Educación que nadie conoce.
Nunca se procedió a hacer un buen análisis de costo-beneficio, pero sabemos de la compleja, burocrática y costosa operación del MEP. Es muy triste la improvisación en educación, y el precio lo pagan los niños y los jóvenes.
El colapso del sistema de salud agranda las listas de espera. El no haber previsto la necesidad de especialistas, en vista de los cambios demográficos y la falta de una cultura de prevención de enfermedades, torna crecientes los costos operativos.
En vivienda, más del 25% de las familias viven en condiciones inadecuadas. Los altos precios y la ausencia de planes reguladores, transporte, terrenos y los programas de vivienda social no podrán resolverse ante el recorte de recursos.
El aumento del desempleo, la fragmentación social y la falta de inversión en infraestructura vial abonan también al terreno del desencanto y, por ende, a que algunos políticos se aprovechen para desestabilizar la ya vulnerable situación social, política y económica, como ha sucedido en otros países, donde los más afortunados no comprendieron la importancia de hacer reformas estructurales para corregir la tendencia creciente de desigualdad.
El autor es ingeniero.
