PP y Vox acogieron con los brazos abiertos a quienes vinieron de Ucrania pero rechazan a los menores que provienen de África con un discurso que vincula inmigración e inseguridad
Perfiles de menores 'a la carta' y falta de plazas en destino: los engorrosos trámites que frenan las derivaciones a la Península
El 24 de febrero de 2022 estalló una nueva guerra en territorio europeo por primera vez desde la II Guerra Mundial. Ucrania fue invadida por Rusia y miles de personas huyeron del caos, el hambre y el conflicto buscando asilo en países aliados. Desde entonces, España junto al resto de naciones de su entorno han acogido a miles de personas que trataban a toda costa de escapar de la barbarie, muchos de ellos niños. En aquel momento, la posición de los partidos de la derecha fue de “apoyo incondicional”. Tanto el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que reafirmaba su “postura con la democracia” mientras advertía del peligro que significaba la “amenaza constante de Vladimir Putin”, como el partido de Santiago Abascal, Vox, que señalaba que la ayuda debía ser con “todos los medios, con toda la convicción, con toda la contundencia necesaria, con los medios económicos y militares que sean precisos”.
Tras el inicio del conflicto, las comunidades autónomas gobernadas por la derecha acogieron, como el resto, a los refugiados ucranianos. A día de hoy, España ha acogido a casi 200.000 personas distribuidas por todo el territorio nacional, en el que destaca la Comunidad Valenciana con más de 55.000 personas, Andalucía con cerca de 30.000, Madrid acercándose también a esa cifra y en la que, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, fue premiada “por su contribución al envío de ayuda humanitaria” o Castilla y León que ronda las 4.300 protecciones temporales.
Sin embargo, en paralelo a la guerra, que sigue su curso en la actualidad, otros migrantes llaman a las puertas de las fronteras nacionales. En este caso, se trata de menores no acompañados que cruzan el mar con la intención de encontrar un futuro mejor desde países africanos. En las últimas semanas, la situación ha provocado inestabilidad y, finalmente, un cisma sin precedentes en los gobiernos autonómicos dirigidos por PP y Vox que ha significado la salida de las instituciones del partido de extrema derecha.
El reparto de menores migrantes provenientes de África y que ahora se encuentran esencialmente en el archipiélago canario es sustancialmente menor que el que aconteció el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pese a ello y tras la solicitud de ayuda por parte de las islas para repartir el peso de la solidaridad, muchos son los que se niegan o ponen trabas para que no se llegue a producir del todo. Por parte de los populares, recalcan que “solidaridad sí, irresponsabilidad no” al alegar que sus comunidades no tienen ni las instalaciones ni los recursos suficientes para acoger a los niños. Por el lado de la formación de extrema derecha, afirman que la entrada de migrantes a causa del “efecto llamada” incrementa significativamente “la violencia e inseguridad en los barrios de todo el país”, sin aportar prueba alguna, y que confían en que “sus votantes están de acuerdo con la decisión del partido”.
No obstante y comparando los datos que reflejan ambos conflictos, el baremo es diferente entre ambos. La Comunidad de Madrid, una de las regiones en las que institucionalmente más ha mostrado su apoyo incondicional al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya ha acogido a cerca de 30.000 refugiados europeos, sin embargo, entre 2022 y 2023, de los 64 migrantes que la capital aceptó acoger sólo cumplió con un 33% de las personas según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia. Entre aquellos años, el Gobierno acordó con todas las comunidades el reparto de 772 menores no acompañados, pese a ello sólo se materializaron 295. Más del 60% incumplieron lo pactado.
“El problema no es solo de dinero, las comunidades también debemos de ser conscientes de cómo integrar a personas que vienen de una cultura tan diferente. No son muebles. Ahora, la ruta canaria es la más utilizada por las mafias porque saben que son la entrada al aeropuerto de Barajas”, explicaba la presidenta madrileña mientras señalaba que “ella podría acoger y tratar a los migrantes como a cualquier madrileño”, pero que a su vez se necesita “algo más que dinero”.
Aun así, la región presidida por Ayuso no es la que más ha incumplido los acuerdos para el reparto de menores migrantes. Hay cuatro comunidades de la península que, desde que hay registro, ha incumplido íntegramente lo pactado: Murcia, Cantabria, las Islas Baleares y País Vasco.
Desde el inicio de la guerra de Ucrania, no sólo se ha dado cobertura a más de 200.000 personas, sino que también se ha hecho una inversión tanto por parte nacional como por parte europea colocando a España en el quinto escalón de países que más refugiados ha acogido. Durante los dos años del conflicto, la inversión ha superado los 1.400 millones de euros cofinanciados con la Unión Europea. Por otro lado, el pasado curso el Gobierno aprobó 20 millones de euros para ayudar en los traslados de los 373 menores migrantes pactados entre el Ejecutivo y las CCAA. Finalmente estas solo acogieron a 67.
Por parte de Aragón, tras los comicios del pasado año, Javier Lambán (PSOE) abandonó la presidencia y dio paso a Jorge Azcón (PP). En el último año de legislatura socialista se cumplió el acuerdo en un 90%, sin embargo en la primera popular se redujo hasta un 67%. En Extremadura se acentuó esta diferencia, al igual que en el anterior caso, tras las elecciones autonómicas de 2023, se cambió el color político. Esta vez la diferencia entre cuando gobernaban unos u otros alcanza el 100%. Es decir, cuando Guillermo Fernández Vara lideraba la Junta se acogieron a los 22 menores migrantes que le correspondía a la región, pero cuando cambiaron las tornas y presidía el partido de María Guardiola, de los 25 que debían acoger según lo pactado, ninguno puso un pie en suelo extremeño.
Lo mismo sucedió entre la Comunidad Valenciana de Ximo Puig y la de Carlos Mazón o La Rioja de Concha Andreu y la de Gonzalo Capellán que pasó de acoger al 33% de lo correspondiente en 2022 a un 0% en 2023.
