Alberto Fujimori pasó de ser un paciente con cáncer terminal a un futuro candidato presidencial con una pensión mensual de S/15.600 soles. Esto último debido a una decisión del Congreso que declaró "procedente" la solicitud del exdictador para recibir una pensión vitalicia por su mandato comprendido de 1990 al 2000.
Con 25 años de condena encima por los asesinatos en Barrios Altos y La Cantuta, esta resolución no se condice con la ley peruana.
El artículo 2 de la Ley 26519 establece que la pensión vitalicia no puede ser otorgada a un expresidente que ha sido acusado constitucionalmente y, en ese contexto, es encontrado culpable de la comisión de un delito.
En el caso de Alberto Fujimori, el 30 de noviembre del 2000 el Congreso planteó una denuncia constitucional en su contra por una serie de delitos por los que, posteriormente, fue hallado culpable. En ese momento, el proceso de antejuicio siguió su curso y, el 23 de febrero del 2001, se inhabilitó a Fujimori del ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Por ende, quedó aprobada la acusación constitucional en su contra.
Después de esto, el 7 de marzo del 2009, el Poder Judicial sentenció al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por autoría intelectual de los crímenes de 15 personas, incluido un niño de 8 años, en Barrios Altos y de los ocho estudiantes y un profesor de La Cantuta.
Así, se cumplen los dos requisitos por los cuales el Congreso no debió otorgar la pensión vitalicia al exdictador.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado confirmó a La República las razones por las cuales el exdictador no puede recibir una pensión vitalicia. "Me parece que no procede. Fujimori no solo fue acusado y destituido por el Congreso (...) Fujimori está incluso en una situación muy grave, pues supera ese estándar. Además, fue condenado por graves delitos, que constituyen graves violaciones de derechos humanos", manifestó.
De la misma forma, el exprocurador José Ugaz respaldó el sustento legal que impide al líder de Cambio 90 recibir más de S/15.000 al mes. "Es un exfuncionario público legalmente indigno y, por lo tanto, no cabe que el Estado le reconozca ningún derecho que por ejercicio del cargo pudo haber tenido o tiene quien ha cumplido con su función sin defraudar al Estado", explicó.
Por su parte, el procurador general del Estado, Javier Pacheco, resaltó que Fujimori no fue declarado inocente. “Él fue sentenciado por siete casos. De los cuales, tres están vinculados a corrupción y uno de estos fue el famoso pago de la CTS a Vladimiro Montesinos por 7 millones. Entonces, respecto a eso, se le impuso, en suma, un total de 27 millones de soles, dentro de los cuales, más los intereses al día de hoy, suman 57 millones, de los cuales no ha pagado ni un sol”, refirió.
En esa línea, Ugaz subrayó que el expresidentetiene una deuda pendiente de 57 millones de soles por concepto de reparación civil y que cualquier beneficio económico que se le otorgue sería embargado.
"(Alberto Fujimori) tiene una deuda millonaria, por lo que, en el supuesto negado que se le reconociera algún derecho económico, tendría que ser incautado hasta cubrir el monto de la reparación civil", finalizó.
