Óscar Hidalgo Chaves, quien ocupó el cargo de gerente general de Coopeservidores durante 18 años, fue despedido mediante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), porque no se le pudo cesar del cargo en forma personal.
Así se desprende del acta completa del Informe Final del Proceso de Intervención, a la cual tuvo acceso La Nación, y cuya información no fue publicada en su totalidad en La Gaceta N° 118, del 26 de junio, por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Marco Hernández, entonces interventor de la institución conocida como CS Ahorro y Crédito, no pudo informar directamente a Hidalgo porque presentó varias incapacidades consecutivas.
Debido a lo anterior, según indica el informe final, el interventor envió el documento de despido al MTSS y, con el recibido por parte del ministerio, se remitió la carta al correo electrónico que el entonces gerente tenía registrado en la cooperativa.
A Hidalgo se le despidió sin responsabilidad patronal el 15 de mayo pasado, luego de la intervención de la entidad ordenada por el Conassif.
A Hernández se le preguntó, el pasado miércoles 31 de julio, sobre el proceso para acudir al Ministerio de Trabajo, así como las razones que fundamentaron la decisión. Sin embargo, dijo que no podía referirse al caso por tratarse de una institución privada.
La Nación solicitó a Óscar Hidalgo una declaración sobre su salida de Coopeservidores, pero no se obtuvo una respuesta al cierre de este artículo. Este jueves 1.° de agosto, se le escribió a su correo personal a las 11:43 a .m. y se le envió un mensaje a su teléfono a las 11:46 a. m.
Óscar Hidalgo Chaves, de 54 años, ocupaba el cargo de gerente general de Coopeservidores desde junio de 2006. Antes de asumir la alta dirección de la entidad, fue subgerente de Operaciones.
También fue presidente de la Junta Directiva del Banco Popular, entre el 4 de setiembre del 2018 y el 9 de febrero del 2021. Mientras se desempeñaba en el cargo directivo, continuó como gerente de la cooperativa.
El pasado 5 de marzo, brindó una de sus últimas declaraciones a La Nación, previo a la intervención de la entidad, para referirse a la pérdida de ¢26.975 millones que tuvo la cooperativa en el 2023, luego verse obligada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a reclasificar como malos un grupo de créditos que la entidad mantenía como operaciones al día. A raíz de esto, Coopeservidores tuvo que crear una millonaria estimación por riesgo de impago.
“Después de la pandemia, había un grupo de personas y familias más afectadas. Empezamos a evaluar cuál era la situación y llegó un momento en el que tuvimos que decidir que lo mejor era tener una mayor protección. Esto implicaba una mayor cantidad de estimaciones, por lo que en el 2023 se concentró el ajuste para reforzar la estimación por incobrables”, indicó en aquel entonces.
Sin embargo, en un informe de la Sugef donde se argumentan la causas de la intervención, se reveló que las autoridades de Coopeservidores permitieron el ocultamiento de sus problemas al conceder, “en gran volumen”, una moratoria de pagos a deudores de créditos malos, “a los cuales no se les ejecutó ninguna gestión de cobro”.
El Conassif aprobó de forma unánime, el pasado 31 de julio, la oferta del Banco Popular (BP) para que la institución pública reciba en activos y pasivos ¢411.000 millones de la cooperativa.
Tal situación implica que los clientes con inversiones de hasta ¢6 millones recibirán el 100% de sus recursos. Ellos representan el 97% del total de depositantes; solo el 3% debe esperar el desenlace de la parte no recibida por el BP y el “banco malo”.
Adicionalmente, el acuerdo con el banco público permitirá que los clientes con ahorros por encima de los ¢6 millones recuperen, en el corto plazo, un porcentaje cercano al 50% de sus recursos.
