El acuerdo entre PSC y ERC incluye respetar la ordinalidad en la financiación, que algunos expertos consideran que puede hacerse sin que suponga una merma para el resto de autonomías
Las bases de ERC votan sobre la investidura de Salvador Illa en un clima de máxima división
Si algo ha contribuido a incendiar la insoportable ola de calor de esta semana en España es el preacuerdo alcanzado entre ERC y los socialistas para investir a Salvador Illa president de la Generalitat, que este viernes votarán en consulta las bases de Esquerra. Y en concreto el capítulo relativo a la “financiación singular” de Catalunya, que es el nombre con el que ambas partes lo han bautizado.
El matiz es importante, puesto que no aparece el término “concierto” por ninguna parte. El nombre sí hace la cosa. Socialistas y republicanos se juegan mucho, especialmente los primeros. Aunque el PSOE y el Gobierno han abrazado el pacto porque es un acuerdo “bueno tanto para Catalunya como para España”, según el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no lo tendrá fácil el PSOE para explicarlo y convencer al resto de comunidades autónomas y a sus socios en el Congreso, según reconocen en las propias filas socialistas.
Lo que tampoco aparece por ninguna parte del texto es una sola cifra. En caso de aplicarse el acuerdo, ¿cuánto dinero de más supondría para Catalunya? ¿Qué merma representa para el Estado? ¿Qué dos aportaciones llevará a cabo Catalunya con el Estado por los servicios que este le presta y en concepto de solidaridad (la gran diferencia con el cupo vasco)?
Sí existen, sin embargo, dos grandes certezas en el texto definido por ERC y el PSC para llevar a cabo cálculos que permitan una aproximación a las preguntas anteriores. La primera es que el primer impuesto con el que se empezará a aplicar el nuevo modelo de financiación –cuyo despliegue se llevará a cabo de forma gradual durante el próximo lustro– será el IRPF, lo cual, para varios expertos, como el catedrático de Economía de la UPF Guillem López-Casanovas, es un acierto porque es el impuesto más territorializable y más vinculado a la capacidad fiscal.
La segunda es que la aportación de Catalunya a la solidaridad, que el preacuerdo entre ambas formaciones dice que debe ser explícita y tiene que reflejarse con transparencia, “estará limitada por el principio de ordinalidad”. Es decir, que, una vez repartidos los recursos destinados al reequilibrio territorial, el volumen de recursos per cápita de las comunidades más ricas no puede quedar por debajo del de las más pobres, como ocurre hoy debido al mal diseño de los criterios de reparto del modelo de financiación actual, sino que se mantiene el orden en la tabla.
Con estos dos mimbres puede concluirse que la puesta en marcha del modelo de financiación singular de Catalunya supondrá unos ingresos extras para esta comunidad de unos 6.000 millones de euros, como mínimo, según cálculos de elDiario.es contrastados con varios expertos. O, dicho de otro modo: es lo que el territorio catalán dejará de aportar al Estado. Esta cantidad representa aproximadamente el 5% de los recursos totales del sistema, que superan los 120.000 millones de euros.
El director ejecutivo del think tank Fedea, Ángel de la Fuente, recuerda que Catalunya aporta al sistema alrededor de 27.000 millones de euros, según la liquidación correspondiente a 2021, de los cuales 25.000 son ingresos tributarios y algo más de 2.100 por ser contribuyente neto, al aportar más de lo que recibe, igual que ocurre con Madrid y Baleares. Algo menos de la mitad corresponde al IRPF. La proyección hecha por la Generalitat para los Presupuestos de 2023 establece los ingresos procedentes del IRPF en 13.700 millones, frente a les 11.700 millones de 2021. Estos son los que, con el nuevo sistema, pasaría a recaudar Catalunya de forma directa.
Pero ello no quiere decir que se los quede todos, sino que devolverá una parte (dos, de hecho) al Estado, una por los servicios que este le presta y otra en concepto de solidaridad. Ambas cantidades se tienen que negociar. En cuanto a la primera hay también una notable diferencia con el cupo vasco, señala la catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, Núria Bosch: “la aportación [de Catalunya] de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos”.
La segunda está limitada por la ordinalidad. Si bien se trata de un concepto, no de una cuantía, como recuerda De la Fuente, una aproximación posible es calcular la diferencia de recursos de Catalunya con la comunidad que ocupa el tercer puesto en la tabla en cuanto a recursos totales por habitante (ya que Catalunya es la tercera comunidad con mayor capacidad fiscal), que es Extremadura, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2022, como explica el siguiente cuadro.
Así, Catalunya, que recibe 3.264 euros por habitante, debería recibir 4.018 para, como mínimo, igualarse con Extremadura. Esta mejora es de 754 euros por habitante, multiplicada por los 8 millones de habitantes de Catalunya, supone 6.032 millones de euros. “En este cálculo, el Estado perdería 6.000 millones de euros, pero es neutral para las comunidades autónomas”, según explica López-Casasnovas, que acaba de escribir un reciente paper sobre el tema.
Esta cuantía podría llegar incluso a ser superior si la cuota de solidaridad se calcula teniendo en cuenta la paridad de poder de compra (no cuesta lo mismo vivir en Barcelona que en Badajoz), algo que no aparece en el principio de acuerdo a pesar de considerarse fundamental para todas las partes, a no ser que esté contemplada en esta frase: “Es necesario actualizar la financiación [de Catalunya] atendiendo a sus costes reales y a las nuevas necesidades y funciones que se han generado en su entorno”.
En este caso, la cifra pasaría de los 6.000 millones de euros a los 10.528 millones, cifra resultante de calcular la ordinalidad como la diferencia entre los 3.043 euros por habitante que recibe un ciudadano que reside en Catalunya con los 4.359 euros que percibe un cántabro (según la tabla).
Se establezca un cálculo u otro, la gran pregunta sin responder en estos momentos, pero que deberán explicar el PSOE y el Gobierno lo antes posible, tras la investidura de Illa, es cómo va a neutralizar esta merma; es decir, de dónde sacará el dinero para que nadie pierda.
