El Poder Judicial ratificó la condena de 6 y 7 años de cárcel contra 4 jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande, provincia de Calca, en Cusco, ocurrido durante las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte en enero del 2023, lo que representa una criminalización por defender sus derechos mediante la protesta.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de Cusco, integrada por los magistrados, Mario Hugo Silva Astete, Elizabeth Grossmann Casas y Smile Bedoya Galdos, revisó el caso, cuya sentencia condenatoria fue lograda por una terminación anticipada.
El abogado Marcelino Quispe presentó la apelación con el argumento de una desproporción en la pena y señaló que sus patrocinados fueron mal asesorados por su defensa anterior, que permitió que se acogieran a una terminación anticipada sin saber que iban a ser condenados con una pena gravosa.
Asimismo, acusó que los imputados fueron azuzados y coaccionados por dirigentes comunales, que ahora brillan por su ausencia.
"Los obligaron a venir a las marchas, con la amenaza de que recibirían una multa y sus terrenos serían arrebatados", dijo a La República.
Los comuneros, Richar Camala, David Hivallanca, Ferdinand Huacanqui y Redi Huamantras, fueron condenados por el delito de disturbios y otros.
Los jóvenes habrían participado en los ataques a vehículos de transporte urbano y locales comerciales la mañana del 31 de enero del 2023.
Los familiares y amigos realizaron un plantón en el Palacio de Justicia de Cusco, indignados por la decisión judicial, denunciaron una actuación injusta y excesiva. Incluso, la sentencia ordena pagar 20.000 soles de reparación civil.
"Vamos a elevar el recurso de casación ante la Corte Suprema", concluyó el abogado defensor.
