Cuatro funcionarios de alto rango en dependencias técnicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enviaron una nota a la Auditoría Interna de esa entidad en la que desmintieron a María Gutiérrez Brenes, directora de Proyección de Servicios de Salud, sobre la recomendación de adjudicar de diez áreas de salud a varias cooperativas.
La contratación, otorgada el pasado 6 de julio por la Junta Directiva de la CCSS, es por ¢471.000 millones para administrar por diez años los Ebáis de las áreas de salud de Barva y San Pablo, en Heredia; Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-León XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José. En conjunto, esas áreas de salud tienen 138 Ebáis y atienden a 600.000 asegurados, aproximadamente.
Gutiérrez declaró en una entrevista con La Nación, que un equipo técnico integrado por funcionarios del Área de Contabilidad de Costos, de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios revisaron y avalaron un informe firmado por ella en el que se recomendó la millonaria adjudicación.
No obstante, Gilberth Alfaro Morales, director Jurídico; Andrey Quesada Azucena, subdirector Jurídico; Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos y Adriana Chaves Díaz, jefa de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, señalaron que el documento mencionado por Gutiérrez no les fue presentado para su revisión y no cuenta con su respaldo.
El informe presentado por Gutiérrez a la Junta Directiva solo tiene su firma y, según Olger Sánchez Carrillo, auditor Interno de la CCSS, no se ajusta “a la metodología establecida institucionalmente” para este tipo de análisis.
Además, el auditor interno destacó que existían al menos dos criterios técnicos que calificaron las ofertas presentadas por las cooperativas como excesivas y, por lo tanto, la Junta de Adquisiciones recomendó declarar infructuosa la licitación.
El primer criterio que calificó como excesivas las ofertas fue emitido por el Área de Contabilidad de Costos el 8 de abril de 2024. En ese documento se señaló que la CCSS pagó en promedio ¢29.200 millones por año en los últimos cuatro años por la administración de los centros médicos ubicados en esas diez áreas de salud. Ese monto incluye mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, alquileres y utilidades. De acuerdo con ese reporte, el desembolso subiría a ¢53.300 millones por año, aproximadamente, con la nueva contratación.
El segundo criterio que categorizó como excesivas las propuestas fue elaborado por un equipo intergerencial el 7 de mayo, en el cual reiteran que los montos ofertados son excesivos.
En la sesión de la Junta de Adquisiciones realizada el 3 de mayo, Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, indicó que por la administración de las diez áreas de salud se pagan en la actualidad cerca de ¢30.000 millones y que ese monto ha ido creciendo a un ritmo que oscila entre el 2% y 3% por año y que las ofertas de la nueva licitación superan, en total, los ¢50.000 millones.
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Finalmente, el 6 de julio, basados en el criterio firmado en solitario por Gutiérrez, la Junta Directiva acordó adjudicar el contrato a las cooperativas.
Esa cadena de hechos motivó a la Auditoría Interna a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por lo que actualmente existe una investigación judicial por el presunto delito de tráfico de influencias.
La Fiscalía declaró el pasado 23 de julio que abrió el expediente 24-000267-1218-PE sin que haya imputados identificados.
En el oficio remitido a la Auditoría Interna, los funcionarios manifestaron que, desde el 22 de junio, la Junta Directiva decidió conformar un equipo para valorar si existían los “elementos” para avanzar con la licitación y adjudicación.
Agregaron que después de ese mandato, Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, conformó un equipo y se definieron dos reuniones para el 1.° y 2 de julio, las cuales fueron grabadas y entregadas a la Auditoría Interna este martes 30 de julio como prueba de su versión.
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Además, argumentaron que Gutiérrez, quien es ingeniera industrial, comentó en una de esas reuniones que prepararían un análisis en el “marco de sus competencias”.
“En el claro entendido que dicho informe debía ser remitido a las instancias técnicas competentes para revisión previa de viabilidad financiera y jurídica”, alegó el equipo técnico en la carta dirigida al auditor interno.
Añadieron que en la sesión del 2 de julio, un funcionario de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, de apellido Méndez, narró cómo construyeron un estudio estadístico que, posteriormente, debía ser revisado por la Gerencia Médica.
“Luego de la citada sesión no hubo más reuniones ni fue remitido informe final a instancias técnicas ni a la Comisión, con lo cual queda claro que el informe presentado ante la Junta Directiva no tuvo respaldo por parte de la Comisión”, concluyeron.
María Gutiérrez Brenes, directora de Proyección de Servicios de Salud, dijo que desconocía la nota enviada por sus compañeros a la Auditoría Interna.
“Me extraña mucho esa reacción, porque los firmantes de ese oficio estuvieron presentes en las sesiones de Junta Directiva en las que se habló el tema”, aseveró Gutiérrez.
Incluso, enfatizó que Gilberth Alfaro y Adriana Chaves estuvieron presentes en la sesión de Junta Directiva realizada el 6 de julio, día en que se adjudicó la contratación.
“Ellos no señalaron, en ningún momento, que no conocían el documento o que no respaldaban el documento (...) No se pronunciaron y eso se llama silencio positivo”, declaró.
Por último, afirmó que si el informe final no fue remitido al equipo técnico para su validación es responsabilidad de la Gerencia Médica, pues ella lo envió a ese despacho para su distribución.
Desde la semana pasada, este diario ha intentado, en varias ocasiones, conversar con la jerarca de la CCSS, pero no ha aceptado una entrevista al respecto.
