Gina Romero, relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea alertó que el Perú no cumplió con las recomendaciones para la facilitación de las asambleas pacíficas. Estas propuestas incluían "generar un entorno seguro y sin discriminación para las protestas pacíficas", detalló por medio de su cuenta oficial de X.
"Las recomendaciones a Perú eran claras: Promover diálogo social, abordar causas de las protestas, aplicar medidas que eviten su estigmatización y criminalización, que la prisión preventiva cumpla los requisitos de proporcionalidad y excepcionalidad y no discriminación; segurar el cumplimiento de las normas internacionales cuando se investigue a personas pertenecientes a Pueblos Indígenas; poner fin a formas de investigaciones penales presuntamente arbitrarias iniciadas contra civiles en el contexto de protestas sociales", indicó.
Además, la experta había solicitado que el Gobierno ofrezca disculpas públicas por las muertes durante las protestas sociales de fines del 2022 e inicios del 2023 contra el régimen de Dina Boluarte.
"Perú necesita avanzar en reformas legales y prácticas que permitan que el país esté alineado con los estándares internacionales en relación a la asamblea pacífica, y respeten a las personas que salen a ejercer su derecho legítimo a la protesta", concluyó.
En octubre del 2023, la ONU emitió un informe que concluyó que las fuerzas de seguridad peruanas utilizaron innecesaria y desproporcionadamente la fuerza, incluida la letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, el estudio determinó que se "usó armas menos letales pero incompatibles con las normas internacionales, que causaron heridas graves y, en algunos casos, mortales a manifestantes".
"Frente a esta violencia, el informe subraya que las autoridades peruanas deben realizar reformas relevantes para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en las movilizaciones, continuar los esfuerzos de rendición de cuentas y permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo", indicaron.
Además, el informe apunta que el Estado debe “garantizar que todos los contingentes policiales desplegados en el contexto de la vigilancia de asambleas, especialmente a escala regional, reciban formación sustantiva y práctica efectiva sobre el uso de la fuerza de acuerdo con las normas de derechos humanos, incluidas la gestión no violenta de asambleas y tácticas de reducción de la tensión, y que sean evaluados periódicamente”.
