El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pidió a los diputados aprobar ¢2.600 millones para que el Ministerio de Justicia y Paz financie el plan de cárceles de carpas, pese a desconocer si el proyecto es técnicamente factible en términos económicos y en materia de seguridad.
Este martes, ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Acosta admitió que desconoce si el Ministerio de Justicia y Paz cuenta con estudios técnicos que sustenten la iniciativa. El jerarca asistió al foro para abogar por los recursos, pero negó que sea su responsabilidad solicitar la justificación o verificar la viabilidad del proyecto, pese a que su financiamiento procede de recursos del Presupuesto Nacional de la República.
La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, preguntó a Acosta si el Ministerio de Justicia y Paz cuenta con algún análisis técnico que evidencie si el uso de carpas es factible y seguro para el manejo de privados de libertad.
El jerarca respondió que a su cartera solamente le corresponde poner los recursos a las partidas para que los ministros las vayan ejecutando. “No sé si ellos (Ministerio de Justicia y Paz) han hecho estudios o algunas de las gestiones que normalmente se hacen para un proyecto”, agregó.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) expresó extrañeza por las respuestas del ministro de Hacienda. La verdiblanca cuestionó que Acosta no contara con suficiente información del tema; recordó que siempre que ha sido convocado por la Comisión, para que explique un presupuesto o sus respectivas modificaciones, el jerarca se ha referido con gran detalle a los movimientos y su fundamentación técnica.
“Todos los ministerios pasan por usted para darle una debida justificación; entonces, me extraña muchísimo que usted no lo sepa, porque tengo clarísimo que usted siempre pide que le justifiquen los proyectos, de manera que siempre ha dado respuesta a todo lo que se le pregunta con respecto al presupuesto”, declaró Paulina Ramírez.
Al respecto, Acosta argumentó que es una responsabilidad del Ministerio de Hacienda asegurar recursos a cada uno de los ministerios de acuerdo a sus proyectos, pero “no cuestionamos ni la pertinencia ni la viabilidad, porque corresponde a cada uno de ellos”.
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La diputada liberacionista calificó de irresponsabilidad que el Ministerio de Hacienda no cuente con una debida justificación para asignar los recursos al proyecto del gobierno y fustigó al jerarca por no brindar mayores detalles, cuando en otras ocasiones se ha opuesto de forma tajante a movimientos presupuestarios que no cuentan con una debida fundamentación.
“Normalmente, usted contesta cuándo hay justificación o no de un proyecto, y de hecho rechaza cuando nosotros hablamos de incorporar alguna partida cuando tienen estudio técnico o viabilidad”, señaló Ramírez.
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La verdiblanca indicó a Acosta que parte de su cargo es velar porque los recursos tengan adecuada justificación para su ejecución. “Por ¢3.000 millones hemos tenido grandes diferencias para asignar recursos a diferentes instituciones”, agregó.
El mismo Ministerio de Justicia y Paz reconoció que no tiene estudios técnicos que sustenten el uso de estas estructuras temporales para albergar a privados de libertad.
El gobierno tampoco cuenta con un documento de la Dirección de Adaptación Social que justifique la compra de carpas como una solución carcelaria. Más bien, la Policía Penitenciaria alertó, desde el pasado 1.° de marzo, que no se cumpliría con las mínimas condiciones de seguridad, si tales estructuras son implementadas.
Acosta asistió al foro legislativo para exponer la quinta modificación al presupuesto de la República para el periodo 2024. La propuesta del Poder Ejecutivo contempla un aumento en la subpartida de Edificios del Ministerio de Justicia y Paz, con el objetivo de “financiar módulos de baja contención en los centros penales para mitigar el impacto del hacinamiento”.
En el texto se indicó que los recursos se utilizarán para “atender la construcción en material liviano (Proyecto de Cárceles Livianas) de módulos de baja contención en centros penales”.
Tanto el presidente de la República, Rodrigo Chaves, como el ministro de Justicia, Gerald Campos, se han referido a las cárceles con carpas como “estructuras de construcción liviana”.
Ramírez consultó a Acosta si los recursos se utilizarían para instalar carpas en los centros carcelarios, con el fin de albergar a privados de libertad; no obstante, el jerarca dijo a la diputada que “no podría contestarle si se refiere a eso o a otra cosa. Sería pertinente hacerle la consulta a don Gerald (Campos)”.
La Comisión, de forma unánime, aprobó esta misma tarde una moción para que el ministro Campos brinde explicaciones sobre el proyecto. La convocatoria también incluye a Nils Ching, director de la Policía Penitenciaria; y a Exleine Sánchez, exviceministro de Justicia. Ambos cuestionaron la razonabilidad y seguridad del proyecto.
