Sentencia del Tribunal Constitucional afectaría el poder sancionador de la Contraloría, documento explica que el fallo no tiene efectos retroactivos sobre proceso ya concluido o en trámite.
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional dispuso que la Contraloría General de la República ya no podrá imponer sanciones de encontrar irregularidades en entidades del Estado y que deberá seré el Congreso quien regule las competencias sancionadoras de este organismo, el cual pocos días atrás juramentó a César Enrique Aguilar Surichaqui, que ya fue nombrado como nuevo titular.
“(Se decide) exhortar al Congreso de la República que legisle delimitando el ámbito material de competencia en materia sancionadora de la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR y de la Contraloría General de la República, conforme a lo precisado en el fundamento 49 de la presente sentencia”, se lee en el documento.
En este sentido, se aclara que la sentencia del TC —que tuvo como ponente al magistrado César Ochoa Cardich— carece de efectos retroactivos sobre los procesos administrativos ya concluidos o que se encuentren con trámite ya iniciado.
El TC aclara que este fallo no significa que la Contraloría “no pueda supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control conforme a su ley orgánica, y realizar las acciones de control que se deriven de tales competencias”, pero esta su potestad sancionadora “no se extiende a todos los actos que tales entidades realicen, sino que esta solo resulta aplicable respecto de la administración financiera de los bienes y recursos públicos”.
“Este Tribunal interpreta y por tanto concluye que la potestad sancionadora de la Contraloría se encuentra incuestionablemente limitada a las dos primeras funciones que el artículo 82 de la Constitución atribuye a la CGR; esto es, supervisar tanto la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, como la de las operaciones de la deuda pública”, mencionan.
Recordemos que, la Contraloría tiene como rol supervisar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado; para ello se apoya en sus gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditorías (SOA) a través de acciones de control conforme a sus atribuciones descritas en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.
Días atrás, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que propone designar a César Aguilar como nuevo titular de la Contraloría General de la República, en reemplazo de Nelson Shack. A diferencia de otros cargos públicos, el contralor tiene un periodo de 7 años sin posibilidad de que se le pueda reelegir nuevamente. Esta decisión fue acordada con 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ese mismo día, una investigación de Canal N, señaló que el ahora alto funcionario habría omisiones en sus declaraciones juradas que no fueron evaluadas por la comisión del Congreso que aprobó su postulación al cargo. Aguilar Surichaqui no declaró, en el 2018, la empresa Aguilar & Motta Abogados, de la cual fue socio y accionista; hasta que realizó la transferencia a terceros en ese mismo año.
