Una propiedad de 10.000 metros cuadrados, en las cercanías de Plaza González Víquez, en San José, se deteriora debido al saqueo de la estructura por parte de indigentes dada la escasa vigilancia del inmueble, ubicado en terrenos que se pretendían usar para el proyecto Ciudad Gobierno.
El edificio, que fue traspasado al Ministerio de Educación Pública (MEP), está completamente vulnerado pese a que el portón principal tiene candado, ya que las ventanas y puertas prácticamente ya no existen, según confirmó este diario. En su interior, abundan indigentes (algunos aparentemente duermen allí) quienes disponen de agua potable que sale de una cañería rota.
Además, es evidente el intento de sacar cerchas de metal del armazón del edificio, presumiblemente para revender el metal. Ya desaparecieron el cableado eléctrico los vidrios y la losa sanitaria.
Poco antes del mediodía de este 29 de julio, por ejemplo, al menos 10 indigentes estaban allí: unos dormían, otros estaban sacando piezas y buscando algún material de valor.
La Nación consultó al MEP sobre las condiciones de la propiedad y si existen previsiones para dar alguna seguridad o mantenimiento. El área de prensa del Ministerio dijo que tramitaría la consulta.
Hasta junio del año pasado, el inmueble pertenecía a la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, la cual se lo alquilaba al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para el funcionamiento de talleres. Se pagaban ¢16 millones mensuales, dinero con el cual la Junta costeaba servicios.
Sin embargo, el 5 de junio del 2023, la Junta accedió a firmar un convenio con el Gobierno, representado por el MEP, para ceder el edificio durante 25 años. La rúbrica se concretó el 9 de junio.
No obstante, el arreglo fue cuestionado por uno de los integrantes de la Junta, quien denunció presiones del Ejecutivo para que el Liceo renunciara al terreno. La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, negó tales presiones.
El terreno donde se ubica el inmueble es uno de los que se necesitaría para la construcción de Ciudad Gobierno, un plan de $450 millones para reunir edificios de 14 ministerios y 4 instituciones.
Según la propuesta, el BCIE desarrollaría las obras sobre terrenos públicos y luego alquilaría el uso de los edificios al Estado por 25 años. No obstante, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de posibles ilegalidades.
