La Expo Rural tuvo múltiples espacios de discusión sobre sostenibilidad, en especial de cara a su rol en el comercio exterior. Allí se adelantaron avances sobre una posible normativa para un mercado de carbono.
En enero del año próximo entrará en vigencia los requisitos de libre deforestación para los productos que entren a Europa. En paralelo, avanza un arancel al carbono que pide la medición del impacto de la producción que ingresa al viejo continente. Es en este contexto que en la Expo Rural 2024 la sustentabilidad tuvo un espacio destacado y se adelantó que Argentina irá en ese sentido: la creación de la ley de mercado de carbono local.
A pesar de las quejas que había expresado el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, a los requisitos que las negociaciones con Europa imponían sobre la producción, la exposición destinó espacios para la presentación del "sello triple impacto", las buenas prácticas ganaderas y sobre el camino hacia la descarbonización.
El sello de triple impacto, elaborado por la Sociedad Rural, abarca desde el impacto de carbono, prácticas laborales, bienestar animal, riesgos fitosanitarios y climáticos. La herramienta busca que toda la producción integrada de agricultura, ganadería y forestal esté verificada en su impacto ambiental. Otra de las actividades vinculadas fue la medición del impacto de la actividad ganadera, en especial su transporte y tratamiento.
Pero lo más destacado se dio en la jornada "Argentina potencia ambiental, el camino hacia la carbono neutralidad", de la que participó el vicepresidente de la SRA, Marcos Pereda. Allí, el dirigente sectorial hizo énfasis en la necesidad de avanzar en una legislación para los mercados de carbono.
En ese sentido, Manuel Frávega, abogado de la firma Beccar Varela e integrante de la Mesa de Carbono Forestal, dijo que trabajan en los lineamientos para avanzar en un proyecto que de certezas jurídicas para la implementación de un mercado de carbono en Argentina.
Además, planteó que en países de la región que compiten con Argentina "han avanzado normativamente y en la regulación". Entre ellos destacó a Colombia, Brasil, perú, México y Chile.
"Este es el momento indicado de avanzar, porque si no comenzarán a surgir tantos proyectos como provincias tenemos, y eso lo único que hace es dificultar cualquier tipo de inversión y uso de esta herramienta", agregó el abogado.
Participaron también del panel el senador Alfredo De Angeli y el diputado Maximiliano Ferraro. Este último, destacó: "Si nosotros nos comprometemos más con reducir la huella de carbono, cosa que ya está sucediendo con muchísimos proyectos y emprendimientos, los productos que podamos colocar van a valer muchísimo más".
La ONU los define como sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. Las empresas o personas pueden usarlos para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero "mediante la compra de créditos de carbono de entidades que eliminan o reducen las emisiones de gases de efecto invernadero".
Los créditos negociables equivalen a una tonelada de dióxido de carbono, o la cantidad equivalente de otro gas, que se redujo, secuestra o se evita. Los créditos utilizados se convierten en una compensación y ya no son negociables.
Sobre la normativa local, Frávega detalló que es importante poder aclarar de quién es el carbono, para generar certezas: "Es algo que los inversores siempre preguntan; habría que establecer cómo sería el mecanismo de gestión y venta de la transferencia de los créditos de carbono con la utilización de un registro nacional; cuestiones de incentivos y tratamiento impositivo, y algunos principios del uso de los mercados de carbono".
