Los seis detenidos acusados inicialmente del a sesinato de dos guardias civiles el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate , Cádiz, al ser arrollados por una narcolancha y que han permanecido en prisión tras ser detenidos a los pocos días de los asesinatos, quedan en libertad. Así lo ha decretado el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate. Entre ellos está Kiko 'El Cabra' un conocido piloto de narcolanchas de La Línea de la Concepción que fue acusado inicialmente de patrullar la embarcación aunque finalmente se comprobó que no había sido él, sino otro de nacionalidad marroquí que permanece fugado de la justicia en su país. La juez de Barbate ha decretado este martes la libertad para todos ellos, pese a que están investigados por delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia, después de que la Fiscalía no se opusiera a esta medida. Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como medidas cautelares, los seis investigados tienen la obligación de comparecer todos los lunes en sede judicial, retirada del pasaporte , prohibición de salir del territorio nacional así como prohibición de expedir un pasaporte nuevo. Los autos ya han sido notificados a las partes. Cabe recordar que en de mayo se dio a conocer que un informe de la Guardia Civil había descartado que la narcolancha que patrullaba Kiko 'El Cabra' fuera la que embistió hasta asesinar a dos agentes del Instituto Armado en el puerto de Barbate. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado de Barbate descartaba la autoría en el doble asesinato de los seis detenidos que están en prisión, entre ellos 'Kiko el Cabra'. No obstante, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, señaló que aunque se puede concluir que los investigados como presuntos autores de la muerte de dos guardias civiles «no son los autores del asesinato», seguían imputados en «delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión», por lo que no consideraba que se debían variar las medidas cautelares de prisión adoptadas. Posteriormente, la pasada semana los encarcelados fueron llamados a declarar en la causa como testigos y, este martes, la Fiscalía ha remitido al juez que instruye el caso un informe en el que manifiesta que en el punto en el que se encuentra la investigación, no se opone a la puesta en libertad provisional de los encarcelados.
