La Sala Penal de la Corte Suprema ordenó la inmediata libertad de la empresaria Sada Goray Chong, luego de variar su prisión preventiva por orden de comparecencia restringida con impedimento de salida del país por 36 meses, en la investigación del caso Mi Vivienda.
La empresaria y gerente general de la empresa Marka Group es acusada de pagar una millonaria suma de dinero a una presunta red de corrupción que operaba dentro del Ministerio de Vivienda, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, para que su constructora obtuviera contratos de obras públicas.
El 24 de octubre de 2022, desde Estados Unidos, Sada Goray ofreció a la fiscalía revelar todo los detalles de esa trama de corrupción y se acogió a un proceso de colaboración eficaz ante el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Luego de dar varias declaraciones en Miami, Florida y en Punta Cana, en República Dominicana, en julio de 2023, su solicitud fue rechazada y ella fue detenida en el hotel Costa del Sol, cerca al aeropuerto Jorge Chávez, un día después de regresar al Perú.
Tras su detención, a pedido de la fiscalía, el el juez de investigación preparatoria Raúl Justiniano Romero le impuso 30 meses de prisión preventiva que cumple desde el 7 de julio de 2023 en el penal de mujeres de Chorrillos. Su pedidos para que esa decisión fuera modificada han sido rechazados en primera y segunda instancia.
Al día de hoy, dice su abogado Francisco Álvarez Dávila, de los 12 investigados por el Eficcop, ella es la única que permanece detenida. En la investigación, que por este mismo caso, realiza la fiscalía de la Nación también cumplen prisión preventiva el expresidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado.
A fin de lograr su libertad, Sada Goray recurrió, vía recurso de casación, ante la Corte Suprema de Justicia, que resolvió su situación revocando la prisión preventiva por comparecencia restringida, en una resolución leída este martes, 30 de julio.
Luego de evaluar su caso, en una audiencia realizada el 17 de julio último, la Corte Suprema indicó que la empresaria tenía múltiples domicilios en Lima y Tampa, Florida, de los que el Ministerio Público tenía pleno conocimiento.
Es así, precisaron, que ella declaró en Miami, Santo Domingo en República Dominicana y en Lima. Regresó al Perú para declarar, volvió a salir y retorno en coordinaciones con la fiscalía.
Los jueces supremos consideraron que la resolución de la Quinta Sala de Apelaciones que fue motivo de casación estaba debidamente fundamentada, pero que para evitar una fuga es suficiente un mandato de comparecencia restringida con impedimento de salida del país.
En este momento, subrayaron, la presunta organización criminal está desarticulada y los supuestos máximos jefes, según la fiscalía, están detenidos o prófugos.
Por lo cual, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema otorgó comparecencia restringida con impedimento de salida del país por 36 meses a Sada Goray y los ex directores del Fondo Mi Vivienda, Pedro Arroyo Marquina y Róger Gavidia Johanson.
Además, por sustracción de la materia, se confirmó la comparecencia restringida otorgada al periodista Mauricio Fernandini. Entre las reglas de conducta que deben cumplir estos cuatro investigación está la prohibición de mantener comunicación entre ellos y con otros investigados.
