ERC ha hecho público, este martes al mediodía, el preacuerdo firmado con el PSC para que Salvador Illa sea investido presidente de la Generalitat de Cataluña a cambio de los 20 diputados independentistas de ERC del Parlament. El documento, de 25 páginas, que debe ser ratificado por las bases del partido de Marta Rovira este viernes, incluye las líneas generales en múltiples ámbitos de actuación para conformar la legislatura y no solo la investidura del líder del PSC. A falta del desarrollo de algunos aspectos, en lo referente a la financiación de la Generalitat el preacuerdo señala, básicamente, lo que a última hora de la tarde de ayer avanzó la portavoz de ERC, Raquel Sans: Cataluña disfrutará de un concierto económico. El preacuerdo tiene como objetivo, más allá de la investidura de Illa, que Cataluña «gane soberanía». Y para ello se han acordado distintas medidas. Así, el meollo de la cuestión económica se concreta en que será la Generalitat quien «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña» y será esta administración la que «aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea». La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se encargará de esta tarea, que solo dejará al margen los impuestos de «naturaleza local», que seguirán como hasta ahora. De la misma manera, en la línea de lo defendido por ERC, a diferencia de lo que ha dicho siempre el PSC, el nuevo modelo será prácticamente igual que el que ya se aplica en el País Vasco y Navarra. E incluirá el pago al Estado por lo servicios que este ofrece en Cataluña y una cuota solidaria. «La aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña y la aportación a la solidaridad», se fija negro sobre blanco en el documento. Esta «aportación» del Estado en Cataluña «se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos». Y la solidaridad será «explícita» y debe ser «transparente», ya que esta aportación solidaria estará sujeta a unos condicionantes. Uno será que los gobiernos autonómicos receptores de la cuota catalana «lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar» y otro, que estará «limitada por el principio de ordinalidad», un cálculo teórico que no se cumple en ningún país, tampoco en Alemania, y que básicamente consiste en que las comunidades reciben en función de su aportación, lo que es contrario, en principio, con la redistribución. En esta línea, PSC y ERC han pactado que la ATC sea el ente encargado de asumir las competencia de la Hacienda nacional. Será de manera progresiva para que, finalmente, la ATC tenga la competencia de «todos los tributos generados en Cataluña por medio del ejercicio de las potestades y funciones administrativas de liquidación, recaudación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos, con el uso, cuando corresponda, de los mecanismos previsto por la ley». Para «implementar este nuevo sistema de financiación singular para Cataluña» que, aunque en el documento no se concreta supone de facto la salida de la región del sistema común de financiación autonómico, se pondrá en marcha el acuerdo «durante» el primer semestre de 2025 desde la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, es decir, al margen del multilateralismo que supone, por ejemplo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En 2025 se impulsarán los acuerdos de la Comisión Bilateral mediante «las modificaciones legislativas necesarias» y, una vez acordadas de manera bilateral, se llevarán al CPFF para que se aprueben (el Gobierno solo necesita el apoyo de una comunidad para aprobar sus medidas). Estas «modificaciones legislativas» irán dirigidas a que sea la Generalitat la que asuma progresivamente «la gestión, la recaudación, la liquidación, la inspección y la disponibilidad de todos los impuestos soportados en Cataluña», «el aumento sustancial, por parte de la Generalitat de Cataluña, de la capacidad normativa tributaria en coordinación con el Estado y la Unión Europea» y modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y la Ley de Cesión de Tributos a Cataluña, a medida que se van acordando. El documento fija cual será el primero de los tributos que se traspasará: «El primer tributo que se avanzará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo modelo de financiación será el IRPF». Y se ejecutará en 2026. Es decir, ese será el año en que los ciudadanos de Cataluña dejen de pagar el IRPF al Gobierno de España para hacerlo a la Generalitat por su contribución realizada en 2025. [En ampliación]
