La Generalitat suprimirá los impuestos a las emisiones contaminantes y derogará la Agencia Contra el Cambio Climático antes de que entren en vigor
El Consell autoriza 23 instalaciones fotovoltaicas que aportarán una potencia eléctrica de más de 730 megavatios
Los ecologistas valencianos creen que las reformas propuestas por el Gobierno valenciano para la ley de cambio climático son “propaganda negacionista” y alertan del 'greenwashing' que suponen. El Gobierno de Carlos Mazón suprimirá los llamados 'impuestos verdes', que gravan las emisiones contaminantes y prevé una reducción de los trámites para la instalación de energías renovables, en la misma línea que otras leyes presentadas recientemente -como el 'plan simplifica' o las modificaciones en urbanismo y costas-. Lo hará a través de la reforma de la ley de Cambio Climático y de la ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2025, ya en fase de elaboración.
Como sucedió con la tasa turística, el Gobierno del PP tardará mucho menos en eliminar un impuesto de lo que el Ejecutivo del Pacto del Botánico tardó en ponerlo en marcha. El nuevo texto legal, en periodo de exposición pública, suprimirá los impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero, a las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos y el impuesto a las grandes superficies comerciales -por la acumulación de vehículos que se da en estos espacios-. La norma aprobada por PSPV, Compromís y Unides Podem en la pasada legislatura preveía su aplicación a partir de 2025, pero, de aprobarse esta nueva ley que propone el Consell de Carlos Mazón, estos impuestos no llegarán a ver la luz.
La agrupación ecologista Agró recuerda que estos tributos deben financiar la transición ecológica y plantea que el Consell “no las quiere poner en marcha”. “Asistimos a la desarticulación de una normativa para combatir la emergencia climática en pro del asentamiento de los juicios y conductas negacionistas a nuestros órganos de gobierno”, se pregunta el colectivo en un comunicado. La recaudación iría a un fondo para la transición ecológica, que previsiblemente salte por los aires.
La plataforma pone el foco en la relajación de los trámites a las renovables, que ya se está desarrollando en otras medidas del Ejecutivo popular. La norma, como el corpus desarrollado en este primer año, insiste en la supuesta necesidad de inversión privada en la Comunitat Valenciana y en las trabas burocráticas, un supuesto que sirve para la relajación de controles administrativos. El texto habla de “trabas y barreras innecesarias o desproporcionadas y de algunos preceptos que puedan suponer duplicidades, trabas o barreras al desarrollo sostenible de la actividad económica”, insistiendo, nuevamente, en combinar la actividad privada con el medio ambiente.
Para los ecologistas, “persigue blindar y perpetrar el despliegue irracional e injusto de las renovables en beneficio de las grandes empresas multinacionales del sector eléctrico”. La norma, insisten, “da la espalda a los estudios y recomendaciones de la comunidad científica en materia de cambio climático, y limita la participación de la ciudadanía en la implementación de políticas y el desarrollo de grandes planes y proyectos sobre el territorio con la supresión del Comité de expertas en cambio climático en la Comunidad Valenciana y de la asamblea de ciudadanía valenciana por el clima”.
