Maduro se ha autoproclamado vencedor de las elecciones venezolanas con un 51% de votos a favor. La sucesión de trampas y coacciones, sumada a la absoluta falta de transparencia en la que se han desarrollado los comicios, permitía aventurar un control sobre las condiciones de conteo. Cuando el régimen chavista evitó organizar unas elecciones auditadas por observadores internacionales, estaba emitiendo un mensaje que ayer, con el anuncio oficial de los supuestos resultados, acabó por certificarse. El Gobierno venezolano optó por organizar unos comicios sin garantías democráticas, lo que obliga a cuestionar la verosimilitud del resultado emitido por el oficialismo. Por su parte, María Corina Machado, líder de la oposición, que había sido vetada por la justicia chavista, reivindicó su victoria y elevó hasta un 70 por ciento los votos favorables a su candidato, Edmundo González. Durante años, las persistentes violaciones de garantías democráticas por parte del chavismo han sido constantes. Así lo ha reconocido la propia UE, que ha promovido sanciones específicas contra Venezuela, u organizaciones como Amnistía Internacional, que han llegado a certificar graves y masivas violaciones de los derechos humanos e incluso posibles delitos de lesa humanidad. El régimen de Maduro ha funcionado como una estructura totalitaria donde se ha asesinado, torturado y encarcelado a opositores, creando un contexto de intimidación contra todos aquellos que osaran desafiar la dictadura bolivariana. Este y no otro es el punto de partida desde el que deben interpretarse las opciones de la oposición democrática en Venezuela. En este contexto, confiar en la posibilidad de desalojar al tirano a través de unas elecciones limpias exigía una dosis de desmesurado optimismo. Salvo países como China, Rusia o Irán, las democracias del mundo están reaccionando con escepticismo ante el anuncio de los resultados oficialistas. Sin embargo, salvando algunas excepciones, apenas ha habido una oposición firme y vehemente al resultado anunciado por el chavismo. Esta tibieza en la exigencia de garantías ha favorecido, sin duda, la prolongada supervivencia del régimen y extiende la responsabilidad de su existencia no ya a quienes lo han legitimado, sino también a todas aquellas potencias que han evitado formular una condena explícita. En el caso de España, la escasa exigencia de nuestro Gobierno resulta doblemente decepcionante. En primer lugar, con respecto a la defensa de la democracia no caben puntos intermedios y el régimen de Maduro ha cometido ilícitos lo suficientemente graves como para merecer algo más que una petición de transparencia. Apelar a las actas de voto en el recuento es imprescindible, pero el daño de origen era previo, puesto que los comicios se desarrollaron sin observadores que hoy puedan dar fe pública de lo sucedido. El papel del expresidente Zapatero, ejerciendo como jefe de los observadores de este trampantojo electoral, constituye un daño irreversible para las credenciales democráticas del PSOE. España debería ser un aliado natural en la promoción de los valores democráticos en Latinoamérica y nuestra implicación y liderazgo deberían alcanzar una ambición proporcional a nuestra historia compartida. Europa, que no puede conformarse con confesar su impotencia, vuelve a tener otra ocasión en la que ejercer un liderazgo exterior solvente e ilusionante, pero a la vista de las tibias reacciones de las primeras horas, parejas a las de un desapasionado Biden, esta será una oportunidad que dejaremos pasar para convertirnos en cómplices del triunfo de una palmaria injusticia.
