El Gobierno pone en marcha 15 meses después de su anuncio los 4.000 millones de la adenda de los fondos europeos prometidos para la concesión de créditos blandos a promotores con el fin de financiar la construcción de 43.000 viviendas destinadas al alquiler social y asequible. Es una línea que fue anunciada en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del año pasado, de la que el Ejecutivo dijo en un primer momento que sería gestionada por el ICO . Pero ahora ha optado por dividir las responsabilidades del reparto del dinero con la banca. Según ha detallado este lunes el Ministerio de Vivienda, los proyectos de financiación se repartirán en función de la demanda, pero inicialmente está previsto que se dividan en partes iguales entre ICO y las entidades financieras (2.000 millones cada uno) que se quieran adherir al plan. «No obstante, en función de la demanda esta distribución puede variar», ha aclarado el renacido departamento durante la presente legislatura. Los 43.000 alquileres baratos que se aspiran a levantar con este plan forman parte del total de 184.000 incluidos en el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, de las que el Gobierno asegura tener movilizadas ya más de 80.000. Entrando más en detalle, en el caso de que sea el ICO la entidad que concede el préstamo, Vivienda dice que la operación solo requerirá de la verificación del cumplimiento de los requisitos y el riesgo de la operación, para la posterior concesión del préstamo. En el caso de las entidades bancarias, estas podrán analizar el riesgo de la operación conforme a su propia política de riesgos, ya que será el propio banco «quien asume el riesgo de impago». «Si se utilizase la vía de las entidades financieras, una vez la entidad y el promotor acuerden el préstamo y se conceda, el ICO trasferirá el importe de la operación a la entidad financiera para que proceda a su préstamo al promotor», ha esepecificado el departamento de Isabel Rodríguez. El convenio entre el Ministerio de Vivienda y el ICO que ha sido firmado este lunes, y cuya rúbrica ha sido presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contempla que al dinero puedan optar proyectos iniciados desde el 1 de enero de 2022. Habra casi dos años de margen para solicitarlo, hasta el 1 de junio de 2026, y se podrán formalizar hasta el 31 de agosto de ese mismo año como fecha límite. El principal requerimiento para acceder a estos créditos ventajosos, con intereses y carencias que mejoran a las del mercado, es que las viviendas construidas con esa financiación se destinen a promociones de alquileres sociales o asequibles durante un periodo mínimo de 50 años. Al dinero también podrán optar proyectos de nueva construcción en suelos públicos y privados; de rehabilitación de edificios que vayan a destinarse al alquiler asequible o social y la compra de suelo para la posterior construcción o activos que sean titularidad de Sareb. Los proyectos deberán ejecutarse también en unos plazos marcados. La financiación del programa deberá estar terminada antes del 30 de junio de 2026 y la construcción de edificios en suelo urbanizado antes de que transcurran cuatro años desde la formalización del préstamo, con posibilidad de prorrogarlo dos años más. En el caso de suelos no urbanizados el plazo será de 8 años, con posibilidad de solicitar una prórroga de cuatro años más. Para los proyectos de rehabilitación, el plazo será de 4 años, con posibilidad de solicitar dos más. Los proyectos financiados están obligados a cumplir con unos requisitos climáticos en los cuales los edificios construidos deben alcanzar un consumo de menos del 20% de energía primaria que el establecido para edificios de consumo de energía casi nulo según las directrices nacionales. Por su parte, los inmuebles rehabilitados deben reducir, al menos, un 30% de la energía primaria no renovable. Estos créditos a la vez estarán respaldados por una línea de 2.000 millones de euros en avales que el Gobierno aprobó a finales del año pasado. El aval cubre hasta el 50% del importe del capital del préstamo y será gestionado también por el ICO. Será gratuito y se otorga de manera automática una vez se concede el préstamo, independientemente de que se acceda a través del ICO o de las entidades financieras participantes en el programa. Los 2.000 millones de esta línea irán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y según el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, elevan el montante del programa a un total de 6.000 millones de euros. El líder del Ejecutivo ha llamado hoy a no hacer «que la vivienda se convierta en una suerte de cuello de botella y una restricción a la continuidad del crecimiento económico y la creación de empleo» y ha querido descargar repsonsabilidades sobre las comunidades autónomas para el éxito del plan. «Hacerlo efectivo evidentemente interpela a todas las administraciones competentes en este ámbito y el Gobierno de España, pues evidentemente si quiere que cunda el ejemplo, lo que hace es asumir sus responsabilidades», ha dicho Sánchez. El acto de suscripción de los convenios del programa también ha contado con los representantes de las partes implicadas, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez , el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo.
