Estamos viviendo en un ambiente altamente turbulento, producto de los adelantos tecnológicos y de los raudales de información que fluyen de manera espectacular, antes insospechada. Ante ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en alianza con las empresas operadoras, el organismo regulador y Proinversión, debe promover y concretar la ampliación de la cobertura de las redes de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el objetivo de cerrar la brecha digital para permitir el acceso a servicios públicos de calidad y soportar la innovación tecnológica.
Uno de los mecanismos que permitiría el despliegue de la infraestructura es el de obras por impuestos (OxI), realizadas fundamentalmente en las regiones que hayan sido priorizadas por el MTC, entre las cuales deberían estar Cajamarca, Piura, Tumbes, donde Pronatel del MTC resolvió el contrato con la empresa que estaba a cargo de la instalación de las redes. Lo anterior generó un impacto negativo en la población, así como en las regiones que tienen menor penetración. Para realizar el OxI se requiere que el solicitante tenga el marco presupuestal de impuestos necesario, y el flujo económico que lo respalde, así como una empresa privada que esté dispuesta a financiar dicha operación y ejecutar su instalación con cargo a sus impuestos.
Proinversión y Pronatel, de acuerdo con sus competencias, deben promover la ejecución de las redes de telecomunicaciones por el mecanismo de OxI. Si bien es cierto, ese mecanismo garantiza la ejecución de los proyectos en menor tiempo y con calidad, debe garantizarse su transparencia y establecer los controles necesarios durante la ejecución, la operación y el mantenimiento de las redes.
Es importante entender que la infraestructura de telecomunicaciones constituye un medio que permite democratizar el acceso a la información y al conocimiento a todos los peruanos sin excepción.
