Los líderes opositores dicen poseer más del 40% de las actas y que su candidato, Emundo González Urrutia, obtuvo el 70% de los votos
Maduro logra el 51,2% de los votos, según la autoridad electoral venezolana, mientras la oposición habla de “fraude”
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, ha acusado de pucherazo al régimen chavista tras las elecciones presidenciales de este domingo. Junto al candidato del Partido Unitario, Edmundo González, Machado ha dicho que la victoria de la oposición ha sido “abrumadora”. Contra la mayoría de los sondeos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado por vencedor a Nicolás Maduro con más de un 51% de los votos; por un 49% de la oposición venezolana.
Machado —líder de la oposición y quien no pudo ser candidata por haber sido inhabilitada— dijo en rueda de prensa: “Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González, y todo el mundo lo sabe”. “No descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada”, ha dicho González.
Los líderes opositores, que hablan de “saqueo masivo”, afirman tener las actas del recuento y que la diferencia en su favor es notable. Machado asegura que la oposición cuenta con “más del 40% de las actas y toda la información coincide en que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos”.
“Esto no es un fraude más, esto es desconocer y violar groseramente la soberanía popular”, ha añadido Machado, quien además ha reiterado una petición que hizo a lo largo del domingo: que los testigos no se vayan de los centros de votación y que la ciudadanía los arrope. “En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Hasta el final es hasta el final”, concluyó.
La oposición apunta al retraso en el recuento en algunas mesas como la demostración del pucherazo, un retraso que el chavismo atribuye a “ataques” externos. Elvis Amoroso, presidente del CNE, aseguró que la demora en la entrega de resultados se debió a una “agresión en contra del sistema de transmisión de datos”.
Amoroso añadió que habían solicitado al fiscal general de la república que se inicie una investigación “sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral, contra los centros de votación y funcionarios electorales”.
