Entre el 2017 y el 2022, el número de personas que reciben tratamiento por usos problemáticos de metanfetamina incrementó en un 218%
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Por los amplios ventanales del auditorio del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) entra un sol intenso, de verano tijuanense. Dentro, los ponentes hablan sobre un cambio de perspectiva: sobre trabajar juntos para abordar el consumo de drogas –y todo lo que ello conlleva– desde el ámbito de la salud pública en vez de hacerlo desde la criminalización y el estigma. En eso consiste el enfoque de reducción de daños. Y mientras los participantes exponen sus reflexiones, más allá del público, tras el mirador se ve el océano Pacífico con la nitidez de un cielo despejado.
Jorge Álvaro Ochoa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, arranca su intervención diciendo que “el día de hoy es histórico”. Lo es porque en este rincón de Tijuana, al norte de México, junto a la frontera con Estados Unidos, se han reunido actores importantes de la política, la cooperación internacional, la academia y las asociaciones civiles, para anunciar la creación del Comité Interinstitucional y de la Sociedad Civil sobre Reducción de Riesgos y Daños en Baja California. Este grupo de trabajo busca implementar a todos los niveles ese enfoque en el ámbito de las drogas. También se han reunido para presentar la ‘Guía Técnica de trabajo de campo para el abordaje de consumos de metanfetaminas y fentanilo en México’. La ha hecho el equipo de investigación de la organización mexicana Instituto RIA, pero ha sido financiada por COPOLAD III, un programa europeo de cooperación internacional que promueve el diálogo y la cooperación birregional entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe en materia de políticas de drogas. El objetivo es fortalecer los conocimientos y prácticas de las personas que trabajan con usuarios de metanfetamina y fentanilo, e identificar estrategias integrales en el abordaje de sus consumos.
La mayoría de los ponentes en el auditorio del COLEF -uno de los centros de investigación y docencia más prestigiosos de la zona fronteriza- reconocen que son las organizaciones de la sociedad civil las que llevan años abriendo camino. Es la población la que ha empujado desde abajo para que este cambio de paradigma suceda.
Varios de los representantes de la Secretaría de Salud, tanto del Estado de Baja California, donde se encuentra Tijuana, como del gobierno federal mexicano, asumen que esas organizaciones “han estado ante la ausencia del Estado”, que en Baja California tienen un problema serio y necesitan “una acción urgente”, y que “el servicio público debe acercarse cada vez más a los usuarios”.
Según la Guía Técnica que se está presentando, entre el 2017 y el 2022 “el número de personas que reciben tratamiento por usos problemáticos de metanfetamina incrementó en un 218% en México”. La guía dice además que “su uso inició en el noreste del país, pero pasó a ser la sustancia de mayor impacto en todo el territorio”. Por eso es importante que estos debates y nuevas implementaciones también tengan lugar en el noroeste.
“Esta guía no es el final, es el principio”, dice José Javier Mendoza, Director General en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA). El principio para hacerle frente a “un reto compartido entre la UE, América Latina y Caribe”, como lo describe Borja Díaz, Director de COPOLAD III. Para que haya una transferencia de responsabilidades: que el Estado asuma más mientras aligera a las organizaciones civiles. “Que este tipo de herramientas sean un puente entre el Estado y las comunidades. La guía pone el énfasis en cómo podemos vincular a las personas consumidoras con los programas y los recursos públicos. Que podamos reducir las barreras de acceso al tratamiento sanitario”, zanja Díaz.
En la misma ciudad pero a unos cuantos kilómetros de allí, lejos del océano y cerca del muro que divide México de EEUU, en la llamada Zona Norte, una área de tolerancia donde se concentran la mayoría de prostíbulos, venta y consumo de drogas, y donde conviven muchos colectivos vulnerables, está Prevencasa. Es una de las organizaciones a las que tanto agradecen los expertos reunidos en el COLEF, porque lleva más de 20 años trabajando con un enfoque de reducción de daños en Tijuana. Pionera en Baja California, junto con Verter AC en Mexicali, ofrece kits de consumo seguro, atención médica y psicológica, pruebas de VIH y otras enfermedades, duchas, y una sala de consumo seguro enfocada principalmente a mujeres. También imparte talleres para los usuarios sobre diversas temáticas relacionadas con drogas.
“Gracias a Dios que tenemos esto aquí en el barrio. Porque si no, mucha raza [personas], conocidos, ya se estarían muriendo”. Rafael Araujo habla a las puertas de la organización mientras se prepara la jeringa con su dosis. Ahí se suelen juntar muchas personas que usan sustancias psicoactivas, porque saben que si les pasa algo, en Prevencasa les ayudan. Rafael habla de la naloxona, un medicamento que revierte rápidamente las sobredosis de opioides y que reparte esta organización. Prevencasa también ofrece talleres sobre cómo utilizarla. “Ya le he dicho a mis amigos alrededor de mí que si me doblo [sufro una sobredosis], ahí está, ya sabes qué hacer”.
Este medicamento, pese a ser fundamental para salvar vidas, en México no es de fácil acceso, solo se consigue con receta. Lilia Pacheco, directora operativa de Prevencasa, cuenta que ellos la obtienen por donaciones de EEUU. Pide que se desclasifique como psicotrópico, para que sea fácil de adquirir, y que se apruebe un fondo público para que el peso económico no recaiga sobre las organizaciones, ya extensamente sobrecargadas. “Desde 2018, que entraba en funciones el presidente [Andrés Manuel López Obrador] ya no hay fondos del Estado para organizaciones civiles en México. Todos los programas sociales fueron cancelados”, reclama la directora operativa. Por eso ve con buenos ojos la creación del nuevo comité de colaboración interinstitucional y de sociedad civil. “Es un primer paso exitoso”, dice. Pero tiene miedo de que haya trabas: “Nos van a decir las instancias que firmaron que no tienen suficiente presupuesto para algunas de las intervenciones”.
Fuera, a la puerta de Prevencasa, apoyado en la pared, Rafael cuenta que aunque nació en el Estado de Sinaloa, en México, pasó gran parte de su vida en EEUU hasta que le deportaron, hace quince años. Rafael sigue hablando mientras se inyecta, sentado en el suelo, pero tras pincharse se queda a media palabra, se le cierran los ojos y se le dobla el cuerpo hacia el asfalto. A su lado, Óscar Vázquez, otro de los usuarios, dice que hay que moverle para que no se quede ahí caído a pleno sol, porque puede asfixiarse. Entre varios le zarandean y Rafael se desplaza a la sombra.
En el último año, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Baja California analizó 1.424 de los fallecidos que llegaron a sus instalaciones. En Tijuana, en el 60% de los casos analizados se detectaron drogas y más del 12% dieron positivo en fentanilo. Pero desde el SEMEFO afirman que la metanfetamina es la sustancia más detectada hasta el momento.
Estefany Montes llegó a Prevencasa a través de una amistad. Recuerda que la trajo a uno de los talleres, “y ya no me fui”. Acaba de consumir su dosis de fentanilo en el área libre para fumar, junto a la sala de consumo seguro.
Ella también pasó gran parte de su vida en EEUU y fue deportada hace cuatro años. Según los expertos, una parte importante de los usuarios de drogas, en especial inyectables, pertenecen a la comunidad de emigrantes retornados. “El cambio de allá para acá es un cambio drástico”, explica Estefany. Ahora vive en la calle: “Es muy frío, no estás segura”. Cuando está con su pareja no pasa miedo, “pero cuando estoy sola sí”. Algunos días trabaja en Prevencasa, en labores de limpieza.
Lilia Pacheco, la directora operativa, se siente satisfecha porque poco a poco han logrado que se cree una comunidad entre las mujeres que asisten al centro. “Desde que está ese espacio [de consumo seguro], se han conocido mujeres que se inyectan drogas o que fuman también otras sustancias. Y entre ellas están fomentándose el cuidado colectivo”. Los viernes organizan el día de cine, “para que se relajen en un espacio donde se sienten seguras”.
