Sumar intensifica la presión al PSOE en el seno del Gobierno a pocos días de que se agote el plazo que marca la Comisión Europea para terminar de trasponer la directiva de conciliación: "Si dependiera de nosotros ya se habría aprobado"
Un tercio de las mujeres que son madres no tienen derecho al permiso por maternidad
El permiso retribuido para cuidar a hijos menores de ocho años no termina de despegar en España. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (en manos de Sumar) anunció a finales de 2023 que se pagarían antes de agosto al menos cuatro de las ocho semanas que ya se aprobaron la pasada legislatura sin remuneración, y la medida forma parte del acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE. Pero en cinco días expira el plazo que ha puesto la Comisión Europa para transponer la última parte de la directiva de conciliación –que incluye esta medida– y todo apunta a que el Gobierno no va a cumplir.
En 2023 ya venció la fecha límite para adaptar a las leyes nacionales el grueso de la directiva y la Comisión Europea inició un procedimiento contra España ante la Justicia de la UE por no aplicar los cambios a los que obliga la norma comunitaria. La propuesta de multa, de momento, supera los siete millones de euros, según confirma el Ministerio de Trabajo, aunque hay que esperar a la sentencia del tribunal europeo, que debe decidir si impone la sanción definitivamente. Si se persiste en el incumplimiento, la multa sigue subiendo en 9.760 euros diarios, según fuentes del Gobierno.
Sumar –a través del partido, el grupo parlamentario y de los ministerios de Derechos Sociales y Trabajo– ha intensificado la presión esta semana sobre el PSOE, de quien depende el Ministerio de Hacienda, para que los permisos se remuneren “cuanto antes”. Ernest Urtasun aseguró en la rueda de prensa semanal de la formación que “la ciudadanía tiene derecho a disfrutar del permiso ya” y el portavoz en el Congreso, Iñigo Errejón, fijó la medida como una “prioridad” para Sumar.
“Se ha propuesto formalmente y en los órganos donde había que proponerlo y, sin embargo, no ha salido en el Consejo de Ministros”, subrayan, por su parte, desde el Ministerio de Derechos Sociales. La cartera que dirige María Jesús Montero no se pronuncia. A preguntas de este medio, Hacienda asegura que no habla sobre medidas que “aún no han sido acordadas”.
La incertidumbre es tal que no se sabe cuándo se va a aprobar ni tampoco cómo. La opción más inmediata –y también la más improbable– es que salga adelante a través de un real decreto antes del 2 de agosto, la fecha límite marcada por Europa. No ha remado a favor de esta posibilidad, entre otras cosas, que las cuentas públicas de 2023 tuvieran que ser prorrogadas. Otras dos vías, bastante más lentas, para empezar a pagar estos permisos serían que se incluyeran en los Presupuestos Generales del Estado de 2025–de momento, Junts ha tumbado el primer trámite para amarrarlos– o que formen parte de la Ley de Familias, actualmente en tramitación parlamentaria.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró a principios de julio que la situación debía ser “corregida cuanto antes” para que España no incurra “en un incumplimiento de la normativa comunitaria”. El número dos de la ministra Yolanda Díaz deslizó entonces que la negociación presupuestaria –ahora tambaleante– podía ser “un buen lugar” para acordar la remuneración y ponerla en marcha. Desde Derechos Sociales insisten en que el hecho de que no sea pagado genera desigualdad porque solo puede tomar el permiso “quien pueda renunciar a unas semanas de salario”. La evidencia muestra, además, que si los permisos no son remunerados son las mujeres quienes tienden a asumirlos, mientras que los hombres los evitan, algo que incide en la brecha de género.
¿Qué es lo que dice exactamente la directiva? Se trata de una norma comunitaria aprobada en 2019, aunque siempre hay un margen que da la Comisión Europea a los países para que la incorporen a sus legislaciones nacionales. En este caso, la directiva marca un periodo mínimo de cuatro meses de permiso parental para los trabajadores y trabajadoras que sean progenitores, obliga a vincularlo con la edad de sus hijos e hijas y a remunerar al menos la mitad.
Como las normas de cada país son diferentes, Europa permite “computar semanas que el Estado ya retribuye con otras fórmulas a través de lo que se llama la cláusula pasarela”, explican fuentes del Gobierno, de manera que no sería necesario, si se compensa por otras vías, implantar los cuatro meses.
En España, por ejemplo, los permisos por nacimiento para los hombres están muy encima de los diez días que exige esta directiva. También se ha reformado recientemente el permiso de lactancia, acumulable en jornadas completas desde mayo y disfrutable hasta que el bebé cumple los nueve meses.
La directiva obligaría a asegurar al menos 22 semanas de permisos retribuidos, entre nacimiento y cuidados, explica en declaraciones a Efe el diputado Carlos Martín Uriza, de Sumar. “Estrictamente faltarían por retribuir 3 semanas más para cumplir con Europa, pero el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar recoge ampliar de 16 a 20 semanas el permiso de nacimiento y retribuir 4 de las 8 semanas del permiso parental”, continúa el diputado que liderará las negociaciones presupuestarias. España cuenta con 19 semanas actualmente (16 tras nacer el bebé y otras tres por la acumulación del permiso de lactancia).
elDiario.es ha preguntado por el impacto económico de la medida para las arcas públicas, que parece estar en el centro del tira y afloja entre los socios del Ejecutivo por la incertidumbre sobre las cuentas de 2025, pero no ha obtenido respuesta.
