Aunque han pasado 38 años de la masacre de la Cruz de Alajuelita, la familia de las siete mujeres víctimas ve una última esperanza para responsabilizar al Estado costarricense por la impunidad, a través de una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual el 8 de mayo declaró admisible el caso para estudio de fondo.
Los hechos alegados incluyen la impunidad por el asesinato de una mujer adulta y seis menores de edad, la violación de tres de ellas y la “supuesta falta de diligencia en la exploración de líneas lógicas de la investigación penal y la comisión de irregularidades en el juicio”, indica la resolución de la Comisión. Además, se alegaron hechos de acoso sexual contra la familiar de una víctima durante la investigación.
La CIDH determinó que, de comprobarse como ciertos estos hechos, Costa Rica habría violentado los derechos a la vida, integridad personal, protección judicial, entre otros. Esto conllevaría el envío de recomendaciones al Estado costarricense, que podrían incluir la indemnización a la familia, y de no cumplirse estas recomendaciones, el caso podría elevarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Rosario Zamora es la madre de tres víctimas del crimen, Alejandra, Carla María y María Eugenia Sandí Zamora, de 13, 11 y 4 años, respectivamente. Perdió además a tres sobrinas (María Gabriela, de 16, María Auxiliadora, de 11 y Carla Virginia Salas Zamora, de 9 años) y una hermana, Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años, cuando caminaban hacia un evento religioso en el cerro de la Cruz, aquel 6 de abril de 1986. La herida persiste, pero ella afirmó a La Nación que recibió “con gran esperanza” la noticia de la admisibilidad de su caso.
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“Sinceramente yo me sentía como que me dejaron así, en el olvido, en la peor situación, sin saber nada de nada”.
“Yo lo que quiero es nada más que me den una explicación. ¿Por qué me dejaron eso a la deriva? No eran animales. No eran animalitos los que murieron. Ni fue nada más que las mataron y ya, porque hasta las violaron. ¿Cómo cree que se siente uno? ¿Aunque sean 38 años?”, manifestó Zamora.
Ella afirmó que tocó varias puertas en busca de un último recurso, pero la rechazaron cada vez, hasta que su caso llegó a conocimiento del abogado Rogelio Ramírez, quien se ofreció a elaborar la petición ante la CIDH sin costo alguno.
Su aspiración ya no es que se encuentren los culpables, sino que al menos se responsabilice al Estado por un proceso penal engorroso que no arrojó ningún resultado.
Semanas después del crimen, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrestó a José Luis Monge Sandí, conocido como Tres Pelos, y a Arnoldo Mora Portilla. Otras dos personas fueron vinculadas, pero murieron durante el proceso. En abril de 1989, Mora fue condenado a 19 años de cárcel por robo agravado y violación, y Monge a 195 años de cárcel por siete homicidios calificados y dos violaciones agravadas.
No obstante, en enero de 1990, la Sala Tercera anuló esa sentencia y ordenó un nuevo juicio, en el cual Monge quedó absuelto. Además, se determinó que Mora no podía ser juzgado como adulto porque tenía 17 años al momento del crimen.
La Sala Tercera ordenó un tercer juicio contra Monge, pero fue asesinado el 26 de febrero de 1995.
En su demanda ante la CIDH, presentada el 18 de febrero del 2021, Ramírez expuso que en el 2001 el OIJ encontró elementos que apuntaban hacia una célula de cuatro guerrilleros nicaragüenses en Costa Rica como sospechosos. La hipótesis nació en 1998 con el hallazgo del cadáver de uno de los guerrilleros, quien presentaba aparente evidencia de estar vinculado con la masacre, y con otros 12 asesinatos más.
En el reclamo se aduce que la Fiscalía no retomó esa línea de investigación, y en octubre de 2006 el caso prescribió.
Ramírez detalló a este medio que el caso busca también responsabilizar al Estado por los 19 crímenes con modo de operar similar atribuidos al Psicópata, sujeto que nunca fue identificado y a quien en su momento también le atribuyeron la masacre de Alajuelita.
El abogado señaló que si bien el OIJ tenía carencias tecnológicas en 1986 para resolver crímenes de ese tipo, eso no justifica “que se hayan plegado los funcionarios a presiones políticas, mediáticas o sociales”.
“Aquí lo que hay es una omisión documentada, porque el expediente habla por sí mismo. La investigación nunca fue llevada a término, y no solamente no hubo una respuesta, sino que cuando la hubo fue para humillar o para acosar sexualmente a las familiares de las víctimas. Y eso, pues es absolutamente inaceptable”, manifestó.
Ramírez aseguró que existen antecedentes de condenas contra estados por inacción ante crímenes, pero usualmente se trata de regímenes dictatoriales o países que pasaron por guerras civiles. Si Costa Rica llegara a ser condenada, aseveró, se sentaría un precedente para un país como Costa Rica, con tradición de Estado social de derecho.
En sus argumentos presentados ante la CIDH, el Estado de Costa Rica aseguró que la petición es extemporánea, pues debió ser presentada seis meses después de la prescripción de la acción penal, en octubre del 2006, y que la parte peticionaria busca usar a la Comisión “como un tribunal de cuarta instancia internacional que revise las decisiones adoptadas en el proceso penal interno, y que la petición no contiene hechos que caractericen violaciones a los derechos invocados”.
También argumentó que no pudo materializar su condena por la muerte de dos sospechosos en la etapa de investigación, y que la Fiscalía “logró esclarecer los hechos”, pero no hubo sentencia por razones ajenas a la actuación del Estado.
Se agregó que la parte peticionaria no presentó una denuncia por el presunto delito sexual cometido por un funcionario judicial contra la familiar de las víctimas. Asimismo, se aseguró que la Fiscalía sí exploró la línea de investigación relacionada con los guerrilleros nicaragüenses, pero fue descartada con base en indicios balísticos de los otros crímenes.
