«Una guerra civil y un baño de sangre». Ese es el escenario que Nicolás Maduro augura para Venezuela en el caso de perder hoy las elecciones presidenciales. La sentencia, tan siniestra como sintomática de lo que ha sido la dictadura chavista, da cuenta del nivel de desesperación de un régimen que agoniza y que hará todo lo posible por mantener el poder. Sin embargo, son demasiados los signos que evidencian un cambio definitivo en la sociología venezolana, y a pesar de las innumerables coacciones y trampas con las que el oficialismo ha intentado decantar ilegítimamente estos comicios, Venezuela tiene ante sí una oportunidad realista de recuperar la democracia. Nicolás Maduro es un tirano que ha prolongado el modelo de Hugo Chávez y ha convertido a Venezuela en una autocracia en la que los derechos civiles y humanos se han visto persistentemente erosionados bajo el pretexto de esa ficción sangrienta y siniestra que denominan revolución bolivariana. Como todos los populistas, el chavismo ha intentado dividir al país en dos mitades para generar un enemigo interior que pudiera servir de coartada para legitimar un régimen violento y contrario a las libertades más elementales. Las encuestas auguran un hundimiento del apoyo a Maduro y esta circunstancia de debilidad ha agravado gran parte de sus pulsiones totalitarias. Las elecciones de hoy están marcadas de inicio por la desactivación de las dos políticas llamadas a liderar la oposición, María Corina Machado y Corina Yoris, quienes fueron vetadas sin justa causa y por una evidente persecución política. A pesar de la estrechez de los plazos, Edmundo González ha sido capaz de congregar las esperanzas de la oposición y de estructurar una candidatura con posibilidades reales de desafiar al régimen. Estas no serán unas elecciones limpias. El Gobierno venezolano no sólo inhabilitó las candidaturas iniciales de Machado y Yoris, sino que está intentando entorpecer también el voto emitido desde el exterior. No se trata de un asunto menor, puesto que desde que Hugo Chávez llegara al poder han sido ocho millones de venezolanos los que se han visto obligados a exiliarse en busca de libertad y prosperidad. Maduro ha demostrado que es capaz de cualquier cosa y el registro del voto en las zonas con más apoyo a la oposición se está torpedeando de manera evidente. El Gobierno, además, cuenta con instrumentos para alterar el conteo y la factura de las papeletas y ejerce la intimidación sobre quienes se han mostrado contrarios al régimen, un instrumento eficaz en un contexto de intervención de la opinión pública a través del secuestro de los medios de comunicación. Todas estas estrategias totalitarias se estarían denunciando de forma mucho más abierta si el régimen de Maduro hubiera permitido la entrada de observadores internacionales. Sin embargo, el chavismo ha optado por que no haya testigos independientes. La noche del viernes, la Policía impidió la entrada a Venezuela a un vicepresidente del Parlamento Europeo como González Pons y a una delegación específica aprobada por la mesa del Senado, aplicando una intolerable prohibición que también afectó a políticos de peso como a la expresidenta panameña Mireya Moscoso, al expresidente mexicano Vicente Fox o a dos senadores chilenos que fueron expulsados. Sin embargo, el que sí ha podido entrar sin problemas al país en la condición de jefe de los observadores escogidos por Maduro ha sido el expresidente Rodríguez Zapatero, una figura que ha sido rehabilitada en el PSOE en los últimos años de la mano de Pedro Sánchez. En el caso de España, es especialmente grave la falta de apoyo de nuestro Gobierno a las garantías democráticas en Venezuela. Nuestro embajador ni siquiera llegó a personarse para asistir a una delegación que incluía parlamentarios. En el caso de Chile, su Gobierno sí elevó una nota de protesta por el trato a sus senadores, lo que da cuenta del grado de connivencia de nuestro Ejecutivo con el régimen de Maduro. Mientras líderes de la izquierda latinoamericana como Boric, Lula o Petro han retirado su apoyo al dictador, es extraordinariamente grave que un expresidente socialista legitime con su presencia un régimen contrario a las libertades y los derechos humanos. El PSOE debe decidir con urgencia si está del lado del socialismo democrático europeo o si prefiere abandonarse a las tentaciones iliberales del dictador caribeño. Lamentablemente, a la vista de lo ocurrido estos días, es posible que ya se haya decantado por la peor de las opciones.
