En medio de angustias y de la violación flagrante de nuestros derechos como ciudadanos, por un régimen violento e irrespetuoso del orden jurídico, nos acercamos al 28 de julio, una fecha que marcará un hito en nuestra historia política. Los venezolanos decidiremos ese día nuestro propio destino y el sistema político, económico y social que debe establecerse para garantizar a todos el ejercicio pleno de todos sus derechos.
Las encuestas y los analistas nacionales e internacionales están muy claros en cuanto a la realidad electoral. Si los números están claros, los resultados no lo están tanto, toda vez que el régimen mantiene el control del sistema y trata de imponerse por todos los medios, con anuncios y amenazas, algunas de las cuales han horrorizado al mundo. Habrá un baño de sangre, ha dicho el mismo Maduro, si no reconocen su ”triunfo” es un mensaje muy peligroso que nos coloca al borde de un conflicto que puede ir mucho más allá de lo simplemente político, lo que la inmensa mayoría de los venezolanos rechaza como medio para solucionar la crisis en que nos ha sumergido un régimen autoritario, desde 1998.
Estos peligrosos anuncios no solamente han sido hechos a través de los medios públicos, sin rubor alguno, sino con el mismo fin, e incurriendo con seguridad en un error que le será muy costoso, a través del cuerpo diplomático acreditado en el país, reunido oficialmente en la Casa Amarilla.
Los venezolanos han perdido el miedo, como lo vemos en las manifestaciones a lo largo y ancho del país, en todos sus rincones, a favor del cambio. La inmensa brecha que separa las opciones no se puede esconder por un simple maquillaje de votos. Un anuncio distinto desconociendo la verdadera voluntad popular constituirá un fraude brutal y torpe que se traduce en un puro y simple golpe de Estado, un autogolpe que provocará reacciones internas y externas muy graves y que ponen en peligro la paz interna.
Si el pesimismo prevalece ante el realismo que expresan los dirigentes del régimen, no podemos sin embargo dejar de ser optimistas. El órgano electoral, aunque sometido por un Ejecutivo inescrupuloso, se sentirá presionado por la realidad y, consciente de sus responsabilidades como institución y de las de sus miembros, deberá reconocer el triunfo y dar paso a una transición ordenada e inteligente que permita un cambio en paz.
El 28 de julio puede significar el comienzo del final de un periodo que ha llevado a la ruina a un país y a una sociedad que acostumbrada a vivir en libertad crecía y progresaba con dignidad, en una democracia que aunque imperfecta, debemos reconocerlo, permitía a los venezolanos participar en la vida nacional sin coacción ni mordazas.
Se inicia un periodo de transición que quizás pueda entenderse recurriendo a mecanismos importantes, como la justicia transicional, aplicada en otras crisis todas diferentes a la nuestra y que han tenido resultado en general satisfactorios. No se trata de un concepto único ni aplicable de la misma manera en todos los casos, para superar los conflictos y periodos de violación grave de los derechos humanos y más allá, como en nuestro caso, de comisión de crímenes internacionales que sabemos son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía ni de ningún mecanismo que permita la exoneración de la responsabilidad penal individual, actos que debemos distinguir de la violación de los derechos humanos, generalmente aislados aunque igualmente graves, por su sistematicidad y su generalidad.
Encontrar el camino hacia la reconciliación nacional es una prioridad y ello solo podrá lograrse reconociendo la realidad y las partes en el conflicto, encontrando la verdad, recordando lo ocurrido y promoviendo la rendición de cuentas, lo que exigen las víctimas y la misma sociedad que en general es una víctima de lo ocurrido estos años.
No se trata y así lo hemos dicho en todos los foros en los que hemos participado para tratar los mecanismos o procedimientos que facilita la aplicación de la justicia transicional, de retaliación o venganza o pase de facturas, tampoco de perdón o de borrón y cuenta nueva, si no de la aplicación de la justicia conforme a las normas y en pleno respeto de todos los derechos humanos.
La reconciliación debe verse de la forma más amplia. Todos los venezolanos cabemos en este país lleno de riquezas y posibilidades. Es el momento de erradicar la discriminación por razones políticas, de fomentar la tolerancia y la convivencia y de alcanzar en la diversidad, por lo demás necesaria, el mejoramiento de las relaciones sociales. Por otra parte, debemos reconocer lo que ha sucedido, sin sesgos ni prejuicios. Debemos construir la memoria histórica porque en ella se basará el camino hacia un futuro mejor. Y, por supuesto, ver la justicia como herramienta propia de un cambio.
El proceso de transición supone además reformas institucionales y legales urgentes. Los poderes públicos, los cuerpos de seguridad y de policía del Estado, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y los órganos de justicia, deben ser redefinidos y adaptados a nuestra nueva realidad, de conformidad con la Constitución Nacional, el marco general.
No es un proceso fácil. Por el contrario, es un proceso complejo que requiere de consensos en todos los sectores políticos y sociales. Solo con inteligencia y visión de futuro, la dirigencia política, sin dejar de mirar el criterio de la sociedad civil cada vez más activa en estos procesos, debe tomar decisiones importantes exentas de visiones egoístas y de protagonismos.
Es un momento histórico que no podemos desperdiciar. El final es el objetivo y el camino a seguir.
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