El señor de Monterán que, a la par de sus desplantes autocráticos, también se da aires de aristócrata, tiene engañados, por partida doble, a sus seguidores, ingenuos, ignorantes o interesados política o económicamente, con la reiterada cantilena de su lucha contra la corrupción, según él perpetrada por todos los gobiernos que le antecedieron, principalmente el de un partido en particular.
Para ello, se ha inventado el cuento de echar abajo coronas, como en la Revolución francesa, de algunos “aristócratas enchufados”, para otorgárselas al pueblo llano. Pero no ha cumplido ni lo uno ni lo otro.
Primero, nunca se han visto tantos casos de supuesta corrupción en el término de dos años, como quebrantar las leyes e incluso acusaciones formales judicialmente o por entes reputados, con la consecuencia de caída de altos funcionarios de la administración e, inclusive, con eco internacional.
Entre ellas, el manejo irregular en las contribuciones para la campaña electoral y, además, “chorecos”, pista de aterrizaje, publicidad manipulada en el Sinart y otros muchos divulgados. Segundo, no es cierto que ha trasladado al pueblo los privilegios que aquellos tenían.
El pequeño Napoleón criollo al parecer ha devuelto el poder a algunos conocidos apellidos de la vieja alcurnia de sangre azul, por no decir verde, a supuestos contribuyentes de su campaña, cuestionada por el organismo electoral, por ejemplo, la administración de Caldera, la controvertida Ruta del Arroz o presuntos favores a dueños de empresas autobuseras.
Ahora, más recientemente reveladas, como para confirmar lo anterior, a un vecino y amigo del “humilde” feudo en que vive le minimiza la aparente tala ilegal en una zona protegida, hecho por el cual estuvo detenido. El nuevo duque o conde “presta” al gobierno sus instalaciones lujosas para diversos menesteres, inclusive para actividades de promoción social y política.
Además, la llamada, ridículamente, “ley jaguar” que, entre otros propósitos, tiene el de debilitar las atribuciones de la Contraloría General de la República, favorecería muchos actos de corrupción.
Ahora, en un gesto de irresponsabilidad, que profundiza más la división social que con su discurso de odio ha provocado, incita al pueblo a “tirarse a la calle” en el caso de que la Sala Constitucional la rechace.
El autor es catedrático de la UCR.
