En los últimos 26 meses, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha perdido 27 directivos, muchos de ellos debido a renuncias y otros, a destituciones, en más de una oportunidad conducentes a litigios judiciales. El paso del tiempo no ha redundado en mejora. Entre enero y la actualidad, cuatro directores dejaron sus puestos y hoy el órgano colegiado no logra formar cuórum.
Tres de los nueve miembros de la Directiva —dos representantes del sector laboral y uno del empresarial— están por ser nombrados. En consecuencia, la institución echa mano de la figura legal del funcionario de hecho para resolver asuntos apremiantes, indispensables para mantener la prestación de los servicios.
Las siete gerencias de la institución han sido encabezadas, en el mismo periodo, por 15 funcionarios. La semana pasada se gestó un nuevo caso cuando al gerente médico Wilburg Díaz se le ordenó tomar vacaciones después de la presentación de un informe de auditoría sobre las deficiencias de la Ruta de la Salud, ideada para reducir las listas de espera en consulta externa, evaluaciones diagnósticas y cirugía.
Pero la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), creada para encabezar la respuesta al creciente problema, nombró en mayo a su sétima coordinadora en 20 meses. La delicada función, esencial para las pretensiones de la administración Chaves, cambia de manos, en promedio, cada trimestre.
Lo mismo puede decirse de la inestabilidad en otras oficinas clave, como el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), intervenido en mayo del 2023. Tampoco se debe pasar por alto que en los dos años del actual gobierno, la Caja ha tenido dos presidentes ejecutivos.
Con frecuencia, los cambios han generado conflictos, enrareciendo el ambiente organizacional. El gerente médico, por ejemplo, respondió a su plan forzado de vacaciones denunciando a la presidenta ejecutiva Marta Esquivel por acoso laboral. Le atribuye discriminación, nombramientos a sus espaldas, creación de estructuras paralelas y la imposición arbitraria de las vacaciones, entre otras faltas.
La destitución de Maritza Jiménez, representante de los solidaristas, se produjo por las diferencias entre la Junta Directiva y el gobierno en torno al ajuste salarial retroactivo aprobado en setiembre del 2022. El solidarismo manifestó su apoyo a la labor de Jiménez e hizo un llamamiento “a la prudencia y a la sensatez para no continuar dañando la gobernanza de la CCSS, y encontrar juntos los caminos del diálogo y el entendimiento, consustanciales al ser costarricense”. La exdirectiva no dudó en calificar su destitución como un acto de persecución política desde el Poder Ejecutivo.
Los solidaristas no son los únicos preocupados por la gobernanza de la CCSS. Los sindicatos y la Defensoría de los Habitantes se han expresado en los mismos términos. No es difícil comprender la alarma cuando se considera la delicada misión de la entidad más grande del sector público, con un presupuesto cercano a los ¢5.700.000.000.000.
La preocupación por la gobernanza se comprende, sobre todo, en vista del fracaso de la Ruta de la Salud, el desconcierto de la jerarquía sobre los próximos pasos, la larga sucesión de ocurrencias sin sustento técnico ni estudios previos, la constante conflictividad y el agravamiento de los problemas, cuyo peso cae sobre los hombros de toda la ciudadanía, comenzando por la más necesitada e incapaz de acudir a la medicina privada para encontrar alivio a sus dolencias.
