Hace cuatro años, en la cuenca del río Nanay se extendía una enorme y definida ‘serpiente’ de agua cuyo cauce atravesaba una parte de la verde y tupida selva de Loreto, una de las regiones más biodiversas del mundo. Imágenes satelitales evocan su antigua majestuosidad, pero las incesantes actividades de minería ilegal desarrolladas por organizaciones criminales la están devastando.
Las acciones del Estado contra a la minería ilegal no han sido suficientes y hoy amenazan los medios de vida de unas 70 comunidades que habitan en toda la cuenca, y a más de medio millón de habitantes de la ciudad de Iquitos que se abastecen de agua de este río, afluente del río Amazonas que recorre el territorio loretano a lo largo de 315 kilómetros.
Ya en el 2021, autoridades de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas advertían el incremento de dragas en el Nanay que podrían convertir esta cuenca en la ‘nueva Pampa’, en referencia a la caótica contaminación, destrucción y muerte que hay en esa región de Madre de Dios a causa de la minería ilegal.
Desde entonces, los mineros ilegales han mejorado sus capacidades y condiciones, por lo que ahora cuentan con mejores equipos para realizar esta actividad.
De acuerdo con el último reporte de la plataforma de Monitoreo de Minería Satelital con Imágenes de Radar (RAMI), elaborado por Conservación Amazónica (ACCA), en el río Nanay fueron registradas 31 nuevas estructuras mineras durante el mes de junio, mientras que en el río Aguaytía se detectaron siete dragas dedicadas a la minería ilegal.
La cuenca del Nanay es la más crítica. En la región de Loreto hay 12 ríos en los que se han detectado la presencia de minería ilegal, pero ninguna llega al nivel del Nanay.
La detección de las dragas mediante imágenes satelitales sirvió para que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Loreto realizara dos operativos en el río Nanay entre el 19 y 28 de junio. Por otro lado, el 19 de junio se ejecutó un operativo en el río Aguaytía. En total fueron 16 las dragas destruidas en los tres operativos realizados en junio.
Frente a toda esta problemática, el próximo 15 de agosto, el Primer Juzgado Civil de la provincia de Maynas, en la región Loreto, analizará una nueva demanda constitucional de amparo contra la resolución presidencial 3995-2023 emitida por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
De esta manera se busca declarar la inaplicabilidad del otorgamiento de concesión minera a la empresa Raíces Gaddaffy de sustancias metálicas y 1000 hectáreas de extensión en el distrito Alto Nanay, por vulnerar los derechos fundamentales a un medioambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, a la salud y al acceso a la justicia ambiental.
Asimismo, afecta el principio constitucional de desarrollo sostenible de la Amazonía.
Esta historia empezó el 4 de mayo del 2023, cuando la empresa Raíces Gaddaffy presentó su solicitud de petitorio minero al Ingemmet, que luego de haber culminado con el procedimiento ordinario, el 31 de agosto se le otorgó la concesión.
La demarcación otorgada se encuentra ubicada en Alto Nanay, en la cuenca del río del mismo nombre, uno de los principales afluentes del Amazonas.
Luego, el 16 de octubre del año pasado se realizó el foro: “Nanay, nuestra fuente de vida”, en el que se discutió las amenazas y riesgos de la concesión y minería aluvial en los ecosistemas y las personas.
Tres días después fue organizada una gran marcha convocada por el Comité Local del Agua, en muestra de disconformidad por la concesión minera otorgada, así como en protesta contra la minería ilegal.
Cabe precisar que el río Nanay es uno de los más afectados por la actividad minera ilegal, pues entre los años 2021 y julio del 2023, se identificó acumulados 122 dragas de acuerdo a un reciente informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonia Andina (Maap), de Amazon Conservation, y la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (Acca).
De esta manera, desconociendo la normatividad vigente, se otorgó esa concesión minera de 1000 hectáreas en la cuenca alta del río Nanay.
El 24 de noviembre del 2023 se di0 el Decreto Supremo 030-2023-EM que suspende la admisión de petitorios mineros en el área del río Nanay por el plazo de 12 meses a razón de proteger esta cuenca hidrográfica y las áreas naturales alrededor de ella.
Ahora, el 15 de agosto, el Primer Juzgado Civil de la provincia de Maynas, podría resolver este tema en audiencia única.
La abogada Karina Garay Tapia, quien asumió la defensa de todos los denunciantes, dice que “con esta demanda se pretende revertir el otorgamiento de la concesión, y así prevenir la afectación de la cuenda del Nanay por la actividad minera que es la fuente para el uso de agua potable de Iquitos”.
“El otorgamiento de la concesión pone en riesgo los derechos no solo de las 24 comunidades de la cuenca sino de la población iquiteña, atentando su derecho a uso de los recursos naturales, al agua y disfrute sostenible de la Amazonía”, subrayó en una comunicación con La República.
En efecto, se teme que el río esté contaminado por el mercurio con el que extraen el oro. También sobresalen islotes que se forman con la tierra que arrojan las dragas. Alrededor se extienden hectáreas enteras con los restos del bosque devorado por estas máquinas.
Los árboles están siendo deforestados, están talando sin permisos de aprovechamiento. Se ha visto grasa en el agua, manchas. Las dragas siguen operando, succionando la tierra, dejando la tierra lavada en montículos, ya sin sustrato. Pasarán miles de años para que vuelva a restaurarse el ecosistema.
“La minería ilegal fluvial ocasiona un ‘daño irreversible’ al medio ambiente. También genera un desplazamiento masivo de fauna”, asegura la abogada Karina Garay, exfiscal de materia ambiental en Madre de Dios.
