De acuerdo a Monsalve, “la mayoría de los alcaldes que están con medidas de protección ha recibido amenazas, y las amenazas normalmente están vinculadas a las declaraciones que ellos han hecho o las acciones que han emprendido contra determinados delincuentes, asociaciones delictuales o grupos delictuales en sus territorios”, indicó en entrevista con radio Cooperativa.
“Cuando hay una denuncia por amenaza contra la autoridad, el que decreta las medidas de protección no es el Gobierno, es el Ministerio Público, o sea, un fiscal. Esto, porque había un debate hace unas semanas respecto a qué testigos protegidos o personas con medidas de protección eventualmente habían sido identificadas”, explicó.
El subsecretario afirmó que tomó contacto con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para evaluar el fortalecimiento de las herramientas que tiene el Ministerio Público para “tomar medidas de protección ya sea sobre autoridades, pero, sobre todo, sobre víctimas y testigos”.
En ese sentido, la autoridad del Ministerio del Interior detalló que el Gobierno y Fiscalía Nacional están “haciendo un trabajo conjunto en el marco del Gabinete Proseguridad que dirige el Presidente de la República”, con el fin de hacer “una propuesta conjunta entre el Ministerio Público y la Subsecretaría del Interior con el objeto de proponer un fortalecimiento de las capacidades que la Fiscalía tiene para decretar medidas de protección por dos razones: porque hoy día los riesgos son más altos y porque tenemos más testigos en casos donde se persiguen organizaciones criminales”.
Por otro lado, Monsalve abordó el operativo realizado en la toma “El Sueño de Todos” en la comuna de Puente Alto, que dejó al descubierto una vivienda con diez habitaciones, con piscina y jacuzzi. Durante el procedimiento, la policía logró incautar 7 mil dosis de droga avaluada en 28 millones de pesos, cuatro armas y un rifle.
El Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cinco personas que fueron detenidas en este operativo por infracción a la ley de armas y de drogas.
“Esto vuelve a mostrar que hay organizaciones que quieren cambiar la cultura del país, porque, ¿contra qué estamos luchando? Contra la violencia, pero detrás de la violencia lo que hay son armas, y en esta organización había armas y tráfico de drogas”, lamentó.
La autoridad recalcó que “la desarticulación de organizaciones criminales no se hace con un control preventivo, se hace con una investigación, con técnicas especiales de investigación, con agentes encubiertos, con interceptación telefónica, con agentes reveladores, con vigilancia, con seguimiento, y cuando la gente ve por la televisión que llegaron Fuerzas Especiales y entraron a los domicilios, ese es el último paso de un trabajo que lleva meses“.
En ese marco, el subsecretario comentó sobre el levantamiento del secreto bancario, medida que busca contribuir a la persecución del crimen organizado. Al respecto, sostuvo que: “Esta acusación de que levantar el secreto bancario pudiera ser usado para perseguir opositores políticos es una mentira. Una completa mentira, y una mentira que se usa para evitar que el Estado tenga una herramienta para perseguir el dinero”.
Así, Monsalve destacó que “detrás de la violencia hay armas; detrás de esa violencia hay una organización criminal y detrás de esa violencia hay un negocio, alguien que gana plata. Si no ganara plata con ese negocio, no tendríamos ni las armas ni la violencia”.
