El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, confirmó a la Fiscalía I Circuito Judicial de San José que “Los audios de Presidencia”, revelados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, corresponden a grabaciones de reuniones de trabajo dentro de la Casa Presidencial.
“Esas reuniones, no sé qué son oficiales y privadas, todas transcurrieron en el contexto del trabajo diario, en la relación de un supervisor, el presidente de la República, y una subalterna. No sé la diferencia técnica de estas. Si usted se reúne con un colega, están trabajando, están discutiendo aspectos preliminares del mismo, peloteando ideas, etc. Esto fue en el contexto de una relación de trabajo, nunca he tenido una relación social con la señora”, dijo Chaves.
Así respondió cuando la fiscal auxiliar Kimberling Verónica Godínez Rojas le preguntó, el pasado viernes 19 de julio, sobre los encuentros que sostuvo con Navarro en Zapote, y le pidió que detallara la diferencia entre los que fueron oficiales y los que fueron privados.
Ese día, Chaves declaró, en calidad de ofendido, por una denuncia que él y el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, interpusieron, en diciembre del 2023, en contra de la exministra por el supuesto delito de “captura indebida de manifestaciones verbales”.
En ese expediente también querelló a La Nación –por divulgar los audios–, por un aparente delito de “uso indebido de correspondencia”. Sin embargo, en su intervención en el Ministerio Público, el presidente no mencionó ni una solo vez a este diario.
Este caso se abrió a inicios de diciembre del 2023, luego de que La Nación diera a conocer una serie de audios grabados por la periodista Patricia Navarro entre mayo y agosto del 2022, cuando ella ejerció el cargo de ministra.
En esas grabaciones se evidenció, entre otras cosas, cómo se fraguó la contratación irregular del empresario Christian Bulgarelli, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Además, se mencionó la estrategia para tomar el control de los presupuestos publicitarios de las instituciones descentralizadas con el objetivo de premiar y castigar a medios de comunicación.
La declaración de Chaves constó de 422 palabras. Ratificó y reiteró la denuncia planteada y en ningún momento negó el contenido de “Los audios de Presidencia”.
Insistió en que en las grabaciones fueron de “conversaciones privadas del presidente y de los ministros” y culpó a Patricia Navarro de una conducta “antiética y antijurídica”.
No obstante, cuando la fiscal auxiliar Godínez Rojas lo interrogó, Chaves confirmó que las grabaciones ocurrieron en encuentros de trabajo porque fue el único ámbito en el que se reunió con Navarro, con quien dijo nunca tuvo una “relación social”.
Así consta en el expediente del caso N.° 23-000759-0619-PE, al cual este periódico tuvo acceso.
Al mandatario también se le preguntó la frecuencia de esas reuniones, si estas se realizaron en el marco de alguna comisión y si existía algún acta donde se consignó lo conversado.
Al respecto, dijo que se reunieron conforme a las necesidades, a veces por situaciones inesperadas y, en otros casos, sí se programaron. Aseguró, además, que las grabaciones fueron en todos los ámbitos y que no existe ningún registro documental de lo discutido.
“Lo que queda hoy son las grabaciones ocultas que ella hizo, nada más”, concluyó el presidente y de seguido escribió su firma con un bolígrafo azul, en señal de estar de acuerdo con lo que se consignó en el acta de la declaración.
Fiscalía rechaza solicitud de Chaves de detener publicación de los audios de Presidencia
En reiteradas ocasiones, la Sala Constitucional ha defendido la posibilidad que tienen los medios de comunicación, e inclusive otras instancias, de dar a conocer o utilizar audios de conversaciones cuando prime el interés público. Ese mismo principio respalda a la persona que realizó las grabaciones.
Con base en esa jurisprudencia, por ejemplo, la Fiscalía Adjunta de San José rechazó una solicitud hecha por Chaves, para que se ordenara a La Nación detener la publicación de “Los audios de Presidencia”.
El fiscal auxiliar José Pablo Álvarez Deliyores determinó que la exministra Navarro grabó en el 2022 reuniones donde el presidente, otros funcionarios y terceros conversaban temas afines a las labores presidenciales.
El fiscal concluyó que las grabaciones se hicieron “en reuniones en la Casa Presidencial” y que, si bien existe un derecho de imagen que impide captar y reproducir la voz o la imagen de una persona sin su consentimiento, la Sala IV ha señalado estas excepciones:
–Por la notoriedad de la persona o la función pública que desempeña.
–Cuando tal reproducción se relacione con hechos acontecidos de interés público o que tengan lugar en público.
“Se logra determinar, en un alto grado de probabilidad, que las conversaciones que en apariencia grabó Patricia Navarro, que hizo llegar a los periodistas y que estos publicaron a inicios de diciembre del 2023, tratan hechos de interés público, pues versarían sobre el manejo de dineros y contrataciones públicas”, dijo la Fiscalía.
Añadió que Navarro asistió a las reuniones en su condición de ministra de Comunicación, “por lo que el contexto de estas reuniones no se trataba de temas privados de los participantes (que sí estarían sometidos a la tutela de sus derechos de intimidad e imagen), sino que estas se realizaban como parte de funciones que desempeñaban”, agregó.
Reuniones en Casa Presidencial son públicas, sentencia Sala IV
Sumado a esa jurisprudencia, recientemente la Sala IV resolvió un recurso de amparo y sentenció que las reuniones que se desarrollen en Casa Presidencial son de naturaleza pública, de acuerdo con el principio de transparencia.
Así lo sentenciaron los magistrados constitucionales al declarar con lugar un amparo presentado por los periodistas Antonio Jiménez, Gustavo Fallas y Alessandro Solís, del medio digital AmeliaRueda.com.
Los reporteros acudieron al Tribunal Constitucional después de que la Presidencia rehusó entregar información sobre las reuniones que el presidente Rodrigo Chaves y otros funcionarios sostuvieron con Yafit Ohana, esposa del empresario Leonel Baruch.
La Sala IV indicó que estas reuniones pueden considerarse de naturaleza pública, “tomando en especial consideración que varias presuntamente tomaron lugar en Casa Presidencial”.
“Los administrados tienen derecho a conocer su contenido. La prensa ejerce el derecho para posteriormente difundir la información a la ciudadanía”, expresó la Sala.
