Eduardo Salhuana fue elegido por sus colegas como el siguiente presidente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2024-2025. En consecuencia, la fujimorista, Patricia Juárez, el perulibrista Waldemar Cerrón, y el hernandista Alejandro Cavero. No obstante, previo a esta elección, diversas entidades, alertaron sobre las implicaciones de su llegada del parlamentaro de la bancada de APP al más alto estrado del Legislativo.
Salhuana nació y estudió en Cusco, pero sus vínculos con la minería ilegal haría que la Mesa Directiva sea representada por un congresista afín al crimen organizado y a las economías ilegales.
Eduardo Salhuana desarrolló su carrera profesional en la región de Madre de Dios, donde ejerció como juez mixto de Puerto Maldonado y vocal de la Sala Mixta y Descentralizada de Madre de Dios. Además, fue decano del Colegio de Abogados de Madre de Dios, asesor legal del Gobierno Regional y abogado de la Federación de Mineros de la zona.
Sin embargo, Transparencia y ComexPerú han alertado sobre los riesgos asociados con la posibilidad de que Eduardo Salhuana asuma la presidencia del Congreso. El único representante de la región de Madre de Dios en el Congreso ha presentado cuatro propuestas legislativas destinadas a modificar las acciones actuales para combatir la minería ilegal. Estas son:
Eduardo Salhuana, quien desempeñó el cargo de asesor de mineros informales, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de la Amazonía, que han comenzado a exigir una investigación exhaustiva contra el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), de acuerdo a una investigación de Latina.
La asociación civil Transparencia ha manifestado su preocupación por la posible elección de Eduardo Salhuana como presidente de la próxima Mesa Directiva del Congreso. A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), la institución señaló que el parlamentario ha promovido leyes que debilitan la lucha contra la minería ilegal.
“La elección de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso sería un nefasto paso hacia la consolidación en el poder de las economías ilegales que tanto daño le hacen al país” se lee en la primera parte de la publicación. Y es que según la Procuraduría General del Estado, el congresista por Madre de Dios mantendría vínculos con actores de la minería ilegal, asociada al crimen organizado, la trata y diversos delitos conexos.
En mayo, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía de la Nación que iniciara investigaciones preliminares contra el congresista Eduardo Salhuana y su asesora, Saby Meza Malqui, por el presunto delito de peculado de uso. La acusación se fundamenta en la alegación de que Salhuana habría intervenido de manera irregular para asistir al empresario minero Eloy Saxi Arapa en su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a pesar de haber sido previamente excluido por el Gobierno Regional de Madre de Dios.
